Trump recurre a la Corte Suprema en pleito legal por el DACA
SAN FRANCISCO (AP) El gobierno de Donald Trump le solicitó el viernes a la Corte Suprema que bloquee la orden de un juez federal que le requiere que dé a conocer todos los correos electrónicos, cartas y otros documentos que tomó en cuenta para su decisión de poner fin a un programa que protegía a jóvenes inmigrantes de ser deportados.
Abogados del Departamento de Justicia dicen que la orden del juez federal William Alsup de San Francisco es demasiado amplia y requeriría que el gobierno entregue documentos protegidos y que no son públicos.
Más de una decena de estados, así como la Universidad de California y varios inmigrantes, demandaron al gobierno por su decisión de suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), decretado durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Los casos se han empantanado debido a una disputa sobre los documentos que los demandantes exigen en un intento por fundamentar sus reclamos contra el gobierno.
Los estados aseguran en su demanda que la decisión del gobierno de Trump de poner fin al programa se debió a prejuicios antimexicanos.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho la decisión de Obama de lanzar el DACA constituyó un ejercicio inconstitucional de su autoridad.
Una corte federal de apelaciones ratificó el mes pasado la orden de Alsup, emitida después de que el gobierno entregara 256 páginas de documentos.
Por fallo de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dijo que todos esos documentos estaban disponibles en internet.
Dicho llanamente, la noción de que el jefe de una agencia de Estados Unidos decidiera poner fin a un programa que otorga protección legal a unas 800.000 personas basándose solo en 256 páginas de documentos disponibles públicamente carece de credibilidad, escribieron los jueces Kim Wardlaw y Ronald Gould.
En su voto discrepante, el juez Paul Watford, del Noveno Circuito, dijo que el deseo de obtener mayor información sobre la manera en la que el gobierno llegó a su decisión es insuficiente para justificar el exigir documentos adicionales.
