Matando en defensa de una dinastía
Si por algo recordamos a la dictadura sandinista de los años 80 los nicaragüenses, fue por su crueldad bélica en contra de la población civil. En aquel conflicto, la niñez, la juventud y las mujeres, se llevaron la peor parte. Daniel Ortega, el mismo dictador de antes, entronizado nuevamente en Nicaragua, parece querer reeditar aquella barbarie a la cual justificaban por el estado de guerra, agregando ahora además, nuevos elementos que convierten a su régimen en un nefasto sistema fascista. Los niveles de corrupción rompieron todos los record en Nicaragua desde su regreso a la presidencia en el año 2008, la impunidad con que actúan elementos paramilitares afectos a su régimen en contra de los críticos al gobierno es simplemente escalofriante.
Y como si fuera poco el ejército de Nicaragua reiteradamente ha venido practicando en el campo (las montañas) nicaragüenses, la eliminación selectiva de elementos alzados en armas por razones políticas, mientras, la policía nacional, consiente los más brutales actos de agresión en contra de los ciudadanos que nos atrevemos a protestar por el respecto a nuestros derechos conculcados. Los partidarios del FSLN partido de gobierno que maneja como un feudo personal Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acuden a la violencia callejera y al vandalismo para amedrentar a los que nos oponemos a su sistema tiránico, y todo esto, con la complacencia y complicidad de las fuerzas de seguridad nicaragüense.
El pasado 13 de noviembre del presente año, en una alejada comunidad del Caribe sur de Nicaragua, en San Pablo 22, La Cruz de Río Grande, tropas del ejército masacraron a siete personas entre estos, dos niños de 12 y 16 años respectivamente, tras el hecho sangriento, los cuerpos fueron enterrados en una fosa común aduciendo el alto mando militar, que se trataba de una banda delincuencial. Horas más tardes la madre de los menores asesinados, develaba una verdad tan cruel como dolorosa, a los niños Francisco Alexander (12) y su hermana Yojeisel Elizabeth (16), ambos de apellidos Pérez Valle, los torturaron antes de asesinarlos y a la niña, según su madre y vecinos de la comunidad, la violaron reiteradamente durante toda la noche anterior antes de asesinarla, ambos presentaban evidentes signos de tortura.
El delito de los hermanitos Pérez Valle fue el querer reencontrarse tras un año, con su padre, un alzado en armas en contra del régimen de Daniel Ortega como tantos otros en el campo nicaragüense. Los niños Pérez Valle accedieron al fatal reencuentro con su progenitor porque según versiones de la madre, doña Elea Valle, éste (el papá) les ofreció ayuda económica para poder estudiar en el año 2018. Tras casi 15 días del sangriento hecho, el ejercito calla, no hay versión oficial que justifique o lamente la masacre, y lo más triste, doña Elea Valle madre de los niños asesinados continúa suplicando a las fuerzas de seguridad por el cuerpo de sus vástagos para darles cristiana sepultura sin que hasta ahora haya sido posible.
Sucesos lamentables como el de La Cruz de Río Grande, han sido una constante en Nicaragua desde el año 2008 (limpieza selectiva) la llaman expertos. Nicaragua, en donde también los femicidios, los altos índices de violencia sexual en contra de las mujeres, los adolescentes, y los niños resulta dramático y en donde la permisibilidad de la justicia pone en indefensión a las víctimas, se ha convertido en un país difícil para los niños, adolescentes y las mujeres, los que lejos de ver tutelados sus Derechos por el Estado, engrosan las tristes cifras del desamparo, dolor e indiferencia. Doña Elea Valle tiene derecho a enterrar a sus muertos y de ver tras las rejas a los asesinos de sus hijos, los que ya no podrán estudiar porque el ejército los torturó, masacró y asesinó para defender a una dinastía corrupta, mafiosa y criminal como la de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
