Corte IDH condena a Colombia por desaparición de campesinos
SAN JOS (AP) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el jueves al Estado colombiano por la desaparición forzada de 12 campesinos y una ejecución extrajudicial, ocurridos en 1996 en la comunidad Vereda La Esperanza, Departamento de Antioquia.
Los hechos se atribuyen a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), quienes de acuerdo al organismo contaron con la cooperación de una unidad del Ejército de Colombia llamada Fuerza de Tarea Águila (FTA), asentada en la base militar de la Piñuela, en el Municipio de Cocorná. Según detalló la Corte IDH, las víctimas de estas desapariciones --que incluyen a tres niños-- eran percibidas como simpatizantes o colaboradoras de grupos guerrilleros en la región.
En el trámite del caso, Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en acciones y omisiones, por ejemplo, no facilitar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas y el deber de prevención. Sin embargo, no reconoció la colaboración entre paramilitares y agentes estatales.
En su Sentencia, la Corte Interamericana determinó que los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia de agentes de la fuerza pública al grupo paramilitar, lo que facilitó las incursiones a la Vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos, se indicó en un comunicado.
La Corte también estimó que además de las violaciones reconocidas por Colombia, este país tampoco cumplió con la obligación de garantizar protección a los participantes del proceso, no dio a conocer la verdad de los familiares de las víctimas, ni tampoco acató la obligación de iniciar las investigaciones en la justicia ordinaria.
La corte ordenó al Estado colombiano medidas de reparación como la publicación de la sentencia, que continúe con los procesos judiciales en curso, brinde tratamiento médico y psiquiátrico a las familias de las víctimas y levante un monumento en memoria de los desaparecidos.
También deberá otorgar becas a los hijos de las víctimas que así lo soliciten en universidades públicas y pagar los montos fijados en la sentencia por daño material e inmaterial.
