HRW: En Guatemala está en riesgo lucha contra la corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) La organización Human Rights Watch publicó el domingo un informe donde denuncia que el poder judicial en Guatemala está poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción emprendida por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, como es el caso contra el expresidente Otto Pérez Molina.

HRW dijo que la tardanza en los procesos, la falta de voluntad del poder judicial de establecer reglas claras en el manejo de los procesos judiciales y sancionar los litigios maliciosos son las causas que arriesgan la campaña anticorrupción iniciada en 2015.

El informe analiza ocho casos de gran impacto en el país centroamericano, entre ellos el de La Línea, donde un juez, tras dos años y medio de proceso, envió a juicio al expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, para que fueran juzgados por los delito de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito por varios millones de dólares. En el caso se han presentado más de 100 recursos legales, por lo que se ha retrasado.

En 2015, tras manifestaciones masivas, Pérez Molina y Baldetti renunciaron al cargo en medio de acusaciones de corrupción. Hoy están en prisión.

Daniel Wilkinson, director para América de HRW, dijo a The Associated Press que antes, los poderosos tenían el 100% de impunidad, ahora se ha logrado enjuiciar a presidentes poderosos y peligrosos, eso cambió la mentalidad de la sociedad, pero hay que avanzar y cerrar esos círculos con juicios.

Agregó que con el informe estamos demostrando que la defensa estratégica (de los acusados) siempre fue el retraso de los casos.

La Corte Suprema de Justicia no ha comentado sobre el informe presentado.

La estrategia del retraso también fue identificada en el caso por genocidio en 2013 contra el exdictador Efraín Ríos Montt. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia 10 días después y ordenó un nuevo juicio por fallas en el debido proceso. Cuatro años después, un juicio especial por el estado de salud de Ríos Montt se desarrolla sin la asistencia del exdictador que fue declarado interdicto, y de ser encontrado responsable no podrá ser condenado a prisión sino solo le otorgarán medidas de seguridad.

El caso por genocidio tardó más de 10 años desde la presentación de la denuncia para que finalmente Ríos Montt fuera llamado a declarar y se ordenara enviarlo a juicio. En el caso se presentaron también más de 100 recursos legales. El juicio comenzó en 2015 pero debido a recursos legales presentados se detuvo y tras resolverlos volvió a continuar en 2017, con los abogados presentando más recursos legales.

Este informe describe cómo los abogados defensores sacan provecho de la manera lenta y vacilante en que muchos tribunales resuelven las acciones de amparo y peticiones de recusación, para provocar demoras irrazonablemente excesivas en la tramitación de los procesos. La reiterada presentación de este tipo de peticiones ha conseguido paralizar numerosos procesos penales y, en la práctica, los abogados que presentan peticiones infundadas, incluso de forma reiterada, no reciben ninguna sanción, dice la organización internacional.

HRW cree que el retardo de la administración de justicia es posible porque el mismo poder judicial lo permite, desde los jueces que dan trámite a los recursos maliciosos, la burocracia y hasta las cortes que no sancionan el actuar de esta forma de los abogados.

Según el informe, han encontrado casos donde los poderosos se enfrentan a un juez que no pueden corromper y entonces hacen lo posible, con recursos legales, para postergar fechas con el fin de que su proceso sea trasladado a un juez que se pueda manipular. Agrega que estos acusados pueden tener también la esperanza de que expire el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019, y de la actual fiscal general (mayo de 2018), quien ha impulsado de forma activa los casos investigados por la CICIG, un organismo de la ONU.

Los principales recursos legales usados para frenar los casos es el abuso del recurso de amparo. Según la ley guatemalteca, cualquier materia es susceptible de un amparo y la recusación, que permite pedir el retiro de un juez cuando una de las partes considera que puede ser parcial.

Entre las medidas que Human Rights Watch recomienda destacan que el Congreso reforme la ley de amparos con el fin de reducir demoras en su aplicación; que las cortes Constitucional y Suprema adopten medidas para terminar con las demoras; y aplicar sanciones razonables y justas a los abogados que abusen de los recursos.

Wilkinson dice que es importante cerrar los círculos de corrupción con los juicios, para no quitarle esperanzas a la sociedad y que sepa que hay castigo a los corruptos.

El trabajo que realiza la CICIG también se ha visto afectado por el poder ejecutivo. En agosto, el presidente Jimmy Morales intentó, sin éxito, expulsar a Iván Velásquez, titular de la comisión, después de que la CICIG y la fiscalía guatemalteca solicitaron retirar la inmunidad al mandatario para investigarlo por financiamiento electoral ilícito. La decisión de Morales provocó una crisis gubernamental y críticas de la comunidad nacional e internacional.