Fern?ndez tras declarar por AMIA: ???Conmigo no van a poder???

BUENOS AIRES (AP) La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó a su sucesor Mauricio Macri de manipular al juez que la citó a declarar por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado contra un centro judío en 1994 y advirtió: Conmigo no van a poder.

Fernández (2007-2015) no quiso hablar el jueves ante el juez federal Claudio Bonadío pero presentó un escrito en su juzgado en el cual negó haber protegido a los acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, como denunció en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias que aún se investigan. La exmandataria también acusó al magistrado de ser parcial.

Bonadío, de usted no espero justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el Poder Judicial, la justicia que reclamo finalmente se proveerá", dijo Fernández en su escrito que fue suministrado a The Associated Press por un integrante de su equipo de prensa que no se identificó por no estar habilitado para hacerlo.

Después la mandataria cuestionó ante periodistas y seguidores que la esperaban en la calle los supuestos delitos que se le imputan: traición a la patria y supuesto encubrimiento. La única traición es usar a un Poder Judicial como el que está aquí para perseguir a los opositores, afirmó.

También dijo que el gobierno está detrás de lo que consideró un disparate jurídico y pretende que haya un parlamento sumiso.

Eso de silenciar a la oposición tiene que ver con el ajuste (económico) que se viene... Conmigo no van a poder porque voy a representar los intereses, haciendo honor a lo que la gente vota, sostuvo Fernández, quien el domingo obtuvo una banca como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, lo que le garantiza inmunidad para ser detenida en esta y otras causas judiciales que afronta.

El gobierno no respondió a las declaraciones de Fernández pero en ocasiones anteriores ha negado esa supuesta persecución.

Nisman creía que el memorando de entendimiento firmado en 2013 por el gobierno de Fernández e Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado a la AMIA era una pantalla para garantizar la impunidad de los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas.

Fernández defendió en el escrito ese acuerdo, aprobado por el Parlamento argentino, como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto.

Las negociaciones con Irán tuvieron un solo objeto: permitir la toma de las declaraciones indagatorias a los imputados iraníes, afirmó.

Entre los obstáculos de la causa, la expresidenta recordó que Irán se negó a permitir la extradición de los imputados y que Argentina no permite el juicio en ausencia.

El acuerdo fue muy cuestionado por la comunidad judía y declarado inconstitucional por la justicia argentina.

En su escrito, Fernández también acusó a Bonadío de haber sido parte del encubrimiento del atentado como parte del gobierno de Carlos Menem (1989-1999). El exmandatario es juzgado en la actualidad junto con otros exfuncionarios políticos y judiciales por la presunta desviación de la investigación del ataque.

Fernández cuestionó asimismo al magistrado por haber sido denunciado por Nisman como parte de un plan para apartarlo de la investigación del atentado y haber planificado situaciones de riesgo físico contra el investigador. AP no pudo corroborar la existencia de esa denuncia en los archivos del Poder Judicial.

La denuncia de Nisman contra Fernández fue desestimada en varias instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016. Bonadío ha citado a declarar a 15 exfuncionarios y allegados al anterior gobierno.

El juez ha sido blanco de las críticas de Fernández por otras investigaciones en las que la procesó como sospechosa de haber encabezado una asociación ilícita que presuntamente recibía sobornos a cambio de la adjudicación de obras públicas y lavaba capitales.