Protestan en Cataluña a favor de referéndum independentista
MADRID (AP) Miles de personas salieron el miércoles a las calles en Barcelona para manifestar su apoyo a un controvertido referéndum para que Cataluña se separe de España, donde el gobierno central ha adoptado medidas enérgicas para impedirlo, como el arresto de decenas de funcionarios catalanes y el decomiso de 10 millones de papeletas.
Debido a las detenciones, las primeras que afectan a funcionarios catalanes desde que la campaña para el referéndum comenzó a ganar fuerza en 2011, el gobierno regional y algunos de sus simpatizantes señalaron que acudir a las urnas era un asunto no sólo de independencia, sino también de dignidad.
Los funcionarios de Cataluña se han comprometido a la fecha a ignorar la orden del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum programado para el 1 de octubre mientras los jueces evalúan su legalidad.
El presidente del gobierno español Mariano Rajoy pidió que cancelen el referéndum para evitar males mayores y se refirió a la consulta como un acto totalitario.
La desobediencia a la ley por parte de un poder público es todo lo contrario a la democracia, significa una imposición, una injusticia, una violación de los derechos de la gente y un ataque a la democracia, declaró Rajoy ante la televisión el miércoles por la noche.
Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien a esta escalada de radicalidad y desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores, señaló el gobernante.
Los nacionalistas catalanes alegan que la autodeterminación es un derecho inalienable al que ninguna Constitución puede acotar. La decisión de Rajoy de impedir el referéndum tiene el apoyo de los principales partidos opositores en España.
Algunos miembros del gobierno conservador de Rajoy incluso describen la disputa con Cataluña como la crisis política más grande en España desde 1981, cuando el parlamento del país fue escenario de un fallido intento de golpe apenas tres años después del fin de la dictadura del general Francisco Franco.
Funcionarios del ministerio del Interior no identificaron a los funcionarios regionales detenidos y sólo señalaron que la investigación estaba en marcha.
El gobierno de Cataluña confirmó que entre los arrestados estaban Josep Maria Jové, secretario general de la consejería de Economía y Hacienda, y Lluís Salvadó, secretario de Hacienda. Jové es el número 2 del vicepresidente del gobierno y concejero de economía de Cataluña, Oriol Junqueras.
La rama catalana del Tribunal Supremo de España dijo el miércoles que unas 20 personas eran investigadas por cargos de desobediencia, abuso de poder y malversación relacionados con el referéndum.
La policía, provista de órdenes judiciales, allanó 42 lugares, entre ellos seis oficinas regionales de gobierno, despachos y domicilios privados de funcionarios, así como tres compañías en Barcelona, dijo el tribunal en un comunicado.
Los arrestos conllevan el riesgo de azuzar a la opinión pública en Cataluña, donde los sentimientos independentistas podrían dispararse. Miles de manifestantes pro independentistas protestaron contra las acciones policiales afuera de varias oficinas gubernamentales en Barcelona, la capital de Cataluña.
Algunos manifestantes efectuaron plantones en las calles para impedir el paso de vehículos policiales y unos cuantos forcejearon con agentes.
Después, los manifestantes celebraron cuando agentes de la Policía Nacional se retiraron de la sede del partido político Candidatura de Unidad Popular (CUP). Los agentes esperaron por horas a que un juez firmara la orden de cateo del lugar para buscar propaganda relacionada con el referéndum, pero la autorización no se concedió.
También hubo protestas en otras localidades catalanas y en Madrid. No se informó de arrestos y una persona resultó herida, según la policía regional.
Durante la protesta frente al Ministerio de Economía de Cataluña, la manifestante Charo Rovira dijo sentirse triste por los acontecimientos.
Cataluña está prácticamente en estado de sitio, afirmó. Señaló que los políticos detenidos solo actuaban de acuerdo con la voluntad del pueblo.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, arremetió contra las acciones policiales, las describió como ilegales y acusó al gobierno nacional de adoptar una actitud totalitaria.
Puigdemont acusó a Madrid de traer el estado de emergencia a Cataluña y de cancelar de facto la autonomía de esta región del noreste de España.
El gobernante catalán emitió su declaración televisiva en momentos en que el Ministerio de Economía de España señaló que había impuesto mayores controles a las finanzas del gobierno de Cataluña para garantizar que ningún dinero público sea utilizado en el referéndum.
La orden emitida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, significa que prácticamente todo el gasto público de Cataluña será manejado en Madrid y que no se podrán solicitar créditos para pagos no esenciales.
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El fotógrafo Emilio Morenatti y el videógrafo Hernán Muñoz, ambos en Barcelona, y Barry Hatton, en Lisboa, contribuyeron a este despacho.
