Guatemala: alistan comisión que analiza inmunidad de Morales

El Congreso de la República de Guatemala integra una comisión de cinco diputados que analizará solicitud de retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales.

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El Congreso de Guatemala integró el martes una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales.

Tras una breve discusión se decidió que los diputados electos son: Julio Ixcamey, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quién presidirá la comisión; Juan José Porras, del partido VIVA; Gabriel Heredia, de UNE; Alicia Beltrán, de Movimiento Reformador, y Eva Montes Bac, de Alianza Ciudadana, todos de oposición.

Los legisladores tendrán en sus manos la tarea de analizar las evidencias recabadas hasta ahora y remitir al pleno un informe sin que haya tiempo estipulado para hacerlo. El pleno tendrá la última palabra. Para retirar la inmunidad al presidente se requieren de 105 de los 158 votos de los diputados del Congreso.

Tras la elección, el diputado oficialista y jefe de la bancada de Morales, Javier Hernández, solicitó que la comisión tenga un plazo de cinco días para entregar su informe, lo que fue aprobado por mayoría de legisladores.

El lunes la Corte Suprema de Justicia dio vía libre al Congreso para llevar a cabo este proceso.

La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron retirar la inmunidad a Morales tras una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral por el delito de financiamiento electoral ilícito.

La fiscalía y la CICIG un órgano de Naciones Unidas que tiene 10 años en Guatemala e investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado quieren investigar a Morales porque presuntamente ocultó información contable y financiera (por unos 825.000 dólares) del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), que lo llevó a la presidencia en 2015.

La fiscalía cree que el presidente, entonces secretario general del partido, podría haber cometido los delitos de financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo del origen, manejo y aplicación del dinero recaudado durante la campaña política de ese año.

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