Argentina: arresto domiciliario para activista Milagro Sala

La activista Milagro Sala abandonó el jueves la prisión en la que estuvo detenida durante un año y medio por los supuestos delitos de asociación ilícita, fraude y amenazas y continuará el proceso judicial bajo arresto domiciliario en cumplimiento con un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sala, de 53 años, fue trasladada a una vivienda a unos 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia del mismo nombre en el norte de Argentina, confirmó Sabrina Roth, portavoz de la organización social Túpac Amaru, que lidera la activista.

La dirigente fue arrestada el 16 de enero de 2016 por incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en su natal provincia de Jujuy, unos 1.650 kilómetros al norte de Buenos Aires. La también diputada del Parlamento del Mercosur sumó luego nuevos cargos en su contra a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación de fondos públicos.

La CIDH tomó cartas en el asunto luego de reiterados reclamos por su libertad de parte de organizaciones internacionales, entre ellas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; y Amnistía Internacional, las cuales calificaron como arbitraria la prisión preventiva de Sala.

Tras una misión enviada a Jujuy para constatar el estado de la activista, la CIDH concluyó que ésta se encontraba en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable y solicitó a las autoridades argentinas que adopten medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.

El pedido fue formulado a fines de julio y se dio un plazo de 15 días, pero la justicia demoró su cumplimiento bajo el pretexto de que la vivienda elegida para alojar a Sala no estaba en condiciones.

El caso Sala se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno argentino ante foros regionales y ha sido motivo de fuertes cruces entre el oficialismo y un sector de la oposición liderada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a cuyo espacio adhería la activista.

La justicia jujeña había rechazado numerosos pedidos por la libertad de Sala señalando que podría poner en riesgo la investigación en su contra por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y amenazas tras una denuncia del gobierno provincial por el manejo irregular de los fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales a cargo de Túpac Amaru.

Entre 2002 y 2014 Jujuy recibió 3.400 millones de pesos (unos 188 millones de dólares) del gobierno kirchnerista para la construcción de viviendas de los cuales la mitad fue destinado a Túpac Amaru, según la Oficina Anticorrupción provincial. Una auditoria de ese organismo detectó que al menos 1.700 viviendas de las presupuestadas no existen y otras 500 están en distinto estado de avance, lo cual implicaría un fraude de unos 700 millones de pesos (38 millones de dólares).

Sala, de origen indígena, ha negado los cargos y se considera una perseguida política.