Venezuela: Constituyente asume competencias del Congreso

La Asamblea Constituyente aprobó el viernes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición, lo que hace prever que se agudizará la pugna entre los poderes en Venezuela.

Los constituyentes oficialistas votaron por unanimidad la medida que les permite legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preminencia de los derechos de los venezolanos.

El decreto también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley, pero no impide a los congresistas continuar sesionando.

El Congreso rechazó el decreto y consideró ilegales e inconstitucionales las acciones de la Asamblea Constituyente.

El golpe de Estado perpetrado por la ANC (Asamblea Constituyente) es la profundización de las acciones que ejerce el régimen, afirmó la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter. El Congreso convocó para el sábado a una sesión e invitó a los venezolanos a participar del acto.

En marzo el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que asumía las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, que luego revirtió a raíz de los cuestionamientos locales e internacionales.

La Constituyente emitió el decreto luego de que la Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo, al que considera fraudulento, para lograr la ratificación en sus cargos.

Le daremos una lección histórica, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar que los congresistas están "obligados a subordinarse a ese cuerpo. Optaron nuevamente por la silla vacía, optaron nuevamente por la intolerancia, optaron nuevamente por el no reconocimiento, agregó mientras sus colegas le aplaudían.

El constituyente y dirigente oficialista Diosdado Cabello descartó que la medida represente la disolución del Congreso y dijo a la prensa que los congresistas opositores podrán seguir reuniéndose, pero precisó que para usar el palacio legislativo deberán solicitar autorización a Rodríguez.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, escribió en su cuenta de Twitter que hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario para debatir la crisis venezolana, y sostuvo que el decreto representa un atentado inconstitucional.

En Panamá, el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, Hossain Showdhury, y el Mercosur también rechazaron la medida. El gobierno panameño dijo en un comunicado que la decisión agrava la crisis en el país sudamericano y reiteró que no reconocerá las decisiones de la Asamblea Constituyente, tal como lo han planteado otros gobiernos.

La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores.

Los comicios fueron cuestionados por opositores, y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, denunció la supuesta manipulación de los resultados.

A las pocas horas de instalarse, la Constituyente destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, enfrentada al gobierno, y nombró en su lugar al aliado Tarek William Saab, ex defensor del Pueblo.

Esta semana los constituyentes aprobaron el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, disidente del oficialismo y esposo de la fiscal general, quien fue acusado de dirigir una supuesta red de extorsión desde el Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal Supremo ordenó la captura de Ferrer para iniciarle un proceso por los supuestos delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.

La oficina de migración de Colombia confirmó el viernes que Ortega Díaz y su marido ingresaron a ese país en un vuelo privado proveniente de la isla caribeña de Aruba.

La fiscal afirmó el viernes, en una conexión telefónica con procuradores y fiscales latinoamericanos reunidos en el centro de México, que tenía datos que vinculan al presidente Nicolás Maduro con operaciones de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela.

La pugna entre los poderes se da en medio de la tensión desatada por las protestas antigubernamentales, las cuales llevan cuatro meses y han dejado al menos 123 muertos y casi 2.000 heridos, y una crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una fuerte recesión económica.

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Fabiola Sánchez está en Twitter como: https://twitter.com/fisanchezn

El periodista de la AP Juan Zamorano contribuyó en esta nota desde Panamá.