Expresidente Martinelli aún pelea extradición en Miami

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, rechazó el jueves en una audiencia judicial un pedido de extradición que busca repatriarlo a su país para que enfrente acusaciones de espionaje, alegando que es víctima de una persecución política.

Sin embargo, la fiscalía federal aseguró ante el juez Edwin Torres que el exmandatario debe ser extraditado porque dirigió un sistema de interceptaciones de comunicaciones.

En una audiencia realizada en los tribunales federales de Miami, Torres escuchó a ambas partes y dijo que necesitaba más tiempo para estudiar el caso porque los alegatos de las dos partes eran fuertes. Fijó una nueva audiencia para el 22 de agosto.

La vista, que se extendió por más de tres horas ininterrumpidas, fue la primera desde que el magistrado negó en julio la libertad bajo fianza a Martinelli, al considerar que correría riesgo de escaparse del país.

Es una persecución política. Por eso estamos aquí. Por eso es que no debería ser extraditado, expresó el abogado que lidera la defensa de Martinelli, Marcos Jiménez.

Martinelli, un adinerado empresario y propietario de una importante cadena de supermercados y medios de comunicación en su país, se desempeñó como presidente de Panamá entre 2009 y 2014.

El pedido de extradición está fundamentado en cuatro acusaciones de que, con la ayuda de otras tres personas, Martinelli compró durante su mandato dos sets de equipos especiales a dos compañías israelíes por más de 21 millones de dólares para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de al menos 150 personas, entre ellas opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración.

Los sistemas podían acceder a información de teléfonos celulares, incluyendo llamadas, calendarios, mensajes de texto y correo electrónico, la cámara y el micrófono. De acuerdo con la fiscalía, violaban la privacidad de panameños y no panameños al recoger información sin ningún tipo de procedimiento ni permiso legal y por razones que no estaban relacionadas con la seguridad.

Jiménez dijo que los delitos por los que se lo acusa a Martinelli no están incluidos en el tratado de extradición de 1904.

Para la fiscalía, en cambio, no hay dudas de que se trata de acusaciones extraditables ya que los delitos de espionaje fueron incorporados en el tratado de 1904 cuando Panamá ratificó un pacto cibernético en julio de 2014.

No hay dudas de que el señor Martinelli dirigió las interceptaciones de las comunicaciones, expresó el fiscal Adam Fels.

La defensa del expresidente, no obstante, insistió en que Martinellí no tenía control sobre los equipos que se utilizaron para las interceptaciones, sino otras dos personas Gustavo Perez y William Pitti que fueron acusadas en Panamá.

Lo importante es la falta de pruebas de que el presidente Martinelli ordenó esto, dijo el abogado Jiménez, tras indicar también que Martinelli no confía en la independencia del sistema judicial de su país y su repatriación significaría una violación del derecho a un debido proceso.

Vestido con traje de camisola y pantalón beige de presidiario, Martinelli, lucía tranquilo y llevaba esposas y grilletes en sus tobillos. Permaneció sentado junto a sus abogados.

Las autoridades panameñas solicitaron su arresto después que el expresidente optó por no presentarse en diciembre de 2015 a una audiencia judicial para enfrentar acusaciones sobre la presunta creación de un sistema ilegal de interceptaciones telefónicas y de otras conversaciones.

Martinelli, de 65 años, quien vive en el sur de la Florida desde hace más de dos años y ha pedido asilo político, fue arrestado el 12 de junio en su casa de la vecina ciudad de Coral Gables.

En su país enfrenta otros casos de presunta corrupción.