Justicia federal bloquea restricciones al aborto en Arkansas

Una jueza federal ha bloqueado cuatro nuevas restricciones al aborto aprobadas por Arkansas, entre ellas la prohibición de un tratamiento común en el segundo trimestre y una ley sobre restos fetales que según sus detractores obligaría a la mujer a obtener el consentimiento de su pareja para terminar un embarazo.

La jueza Kristine Baker emitió una prohibición preliminar el viernes por la noche. Tres de las nuevas restricciones debían entrar en vigencia el martes. La Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Reproductivos habían demandado las medidas en nombre del doctor Frederick Hopkins, un proveedor de abortos en Little Rock.

Las leyes incluyen la prohibición de un procedimiento llamado dilatación y evacuación. Los partidarios del derecho de aborto dicen que es el procedimiento más seguro y común en el segundo trimestre. Está prohibido en Mississippi y West Virginia, y bloqueado por las cortes en Alabama, Kansas, Louisiana y Oklahoma.

Judd Deere, vocero de la procuraduría estatal, dijo en un mensaje de texto que el procurador Leslie Rutledge discrepa del fallo y piensa apelar.

La ACLU, por su parte, elogió el fallo. Su directora ejecutiva en Arkansas, Rita Sklar, dijo en un comunicado que ???en lugar de proteger la salud de las mujeres, los políticos de Arkansas han aprobado leyes contrarias a la decencia y la razón al dificultar o imposibilitar que una mujer obtenga un aborto???.

El fallo de Baker también bloquea una ley sobre el uso de restos fetales. Los demandantes argumentaron que requería la notificación de un tercero, como la pareja o los padres de la mujer, para determinar qué se hace con esos restos.

Baker dijo que la ley disuadiría a los médicos dispuestos a realizar abortos y crearía demoras graves para las mujeres que lo solicitan.

También bloqueó una ley que debía entrar en vigencia en enero, que prohibiría los abortos basados en el sexo del feto. La ley obligaría al médico que realiza el aborto a solicitar toda la historia clínica de la mujer referida al embarazo, lo cual, según los demandantes, violaría la intimidad de la paciente y demoraría el aborto por tiempo indeterminado.