Amnistía condena la persecución de funcionarios en Turquía

Amnistía Internacional criticó el lunes a Turquía por despedir a miles de empleados públicos desde el fallido golpe de Estado del verano pasado. Las medidas tomadas tras el intento de golpe del 15 de julio provocaron una "persecución sin precedentes y despidos masivos" que violaron la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la no discriminación, afirmó el grupo de derechos humanos en un reporte.

Agregó que esto ha tachado de "terroristas" a maestros, académicos, médicos, funcionarios policiales y soldados, imposibilitando que regresen a sus profesiones y los ha obligado a depender de sus ahorros, de la ayuda de amigos o familiares, o aceptar empleos irregulares.

Más de 100.000 funcionarios fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos a través de decretos amparados por el estado de emergencia vigente en el país. Los funcionarios fueron acusados de tener relación con grupos considerados como organizaciones terroristas. Además, más de 47.000 personas han sido arrestadas por supuestamente tener vínculos con el golpe.

El gobierno alega que la purga era necesaria para combatir al terrorismo y eliminar a los seguidores del clérigo afincado en Estados Unidos, Fethullah Gulen, al que se acusa de orquestar el intento de insurrección.

El gobierno también dijo que formará una comisión de apelaciones para revisar los casos de aquellos que aseguran haber sido despedidos injustamente. Sin embargo, Amnistía dijo que esta comisión carece de independencia como para ser efectiva.

Amnistía Internacional tachó los despidos de arbitrarios y dijo que los lazos con grupos terroristas no han sido demostrados. Las destituciones, informó AI, han tenido un efecto devastador sobre los funcionarios y sus familias. A los funcionarios despedidos también se les canceló el pasaporte, por lo que no pueden buscar empleo en el extranjero.

"Las autoridades deben poner fin de inmediato a estos despidos arbitrarios y reinstalar a aquellos que sean hallados sin culpabilidad de cometer malos actos", dijo Andrew Gardner, investigador de la organización en Turquía. "Aquellos que han sido destituidos deben tener acceso a una apelación veloz y efectiva que les permita limpiar sus nombres, ser compensados y regresar a sus carreras".

El lunes las autoridades allanaron las casas del académico Nuriye Akman y del profesor Semih Ozakca en Ankara y los detuvieron. Ambos estaban en huelga de hambre, solo tomando líquidos, desde hace más de 70 días en protesta porque fueron destituidos bajo el estado de emergencia.