Demandan a municipio en Georgia por presunta discriminación

Las políticas de una ciudad de Georgia restringen ilegalmente el acceso a servicios públicos y esas regulaciones afectan desproporcionalmente a los residentes negros e hispanos, dice una demanda federal presentada el jueves.

La querella contra la ciudad de LaGrange dice que la municipalidad, que es la única proveedora de servicios básicos como electricidad y gas, amenaza con cortar el servicio a residentes que no paguen multas establecidas por la corte. Otra política niega esos servicios a personas que no pueden proveer número de Seguro Social y un carné emitido por el estado o el gobierno federal, dice la demanda.

Esas políticas violan la ley federal de Alojamiento Justo _ que prohíbe discriminación en base a raza, color de piel u origen nacional _ porque afectan desproporcionalmente a los residentes negros e hispanos, dice la querella. Violan además la obligación de no discriminar al dar servicios públicos y violan las leyes estatales, agrega.

El pleito fue presentado a nombre de varias organizaciones, incluyendo la sucursal en Georgia de la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas de Color, además de residentes locales. Le pide a un juez que bloquee permanentemente esas políticas y ordene compensar a los afectados.

El alcalde de LaGrange, Jim Thornton, y la administradora municipal Meg Kelsey, no respondieron de inmediato a un mensaje telefónico que se le dejó en busca de comentarios.

LaGrange está a unos 112 kilómetros (70 millas) al sureste de Atlanta, cerca de la frontera del estado con Alabama. El portal de la ciudad la promueve como una ciudad progresistas, ubicada al sur del aeropuerto más transitado en el mundo. Promociona su bajo costo de vida y alta calidad de vida, que han servido para que la ciudad y el aledaño condado Troup atraigan a una veintena de empresas internacionales.

La ciudad no cobra impuestos a la propiedad y, por lo tanto, usa otras fuentes de ingresos, como honorarios en las cortes y pagos de servicios públicos, para reforzar sus ingresos, dijo Justin Cox, un abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que presentó la demanda.

"Es sumamente retrógrada, dijo Cox en una entrevista telefónica. La municipalidad balancea su presupuesto a costa de personas pobres, que en la mayor parte de los casos son minorías raciales.

Las normas del municipio establecen que cualquier persona que solicita servicio público y tiene una deuda con la municipalidad, incluyendo multas y otros pagos a la corte, debe pagar antes de recibir el servicio, dice la demanda. También indican que se podría desconectar el servicio, sin previo aviso, a clientes que deban cualquier cantidad a la municipalidad, si es que no pagan sus deudas.

Los residentes negros son 49% de la población de LaGrange, pero representaron el 90% de los usuarios amenazados con desconexión de la electricidad o el gas entre enero del 2015 y septiembre del 2016 a causa de recargos añadidos por las cortes, dice la querella.

La segunda política criticada en la demanda establece que los solicitantes de servicios deben proveer un número de Seguro Social y un carné emitido por el estado o el gobierno federal. Muchos inmigrantes con y sin autorización, que en su mayoría son hispanos, no pueden satisfacer ese requisito y por lo tanto no reciben servicios, dice la demanda.