Salud demora extradición de ex coronel salvadoreño a España

Pálido y encorvado ingresó el jueves en silla de ruedas a una corte federal el que alguna vez fuera un temido hombre al frente de la Policía Nacional de El Salvador durante la guerra civil en la que murieron 75.000 personas a lo largo de 12 años.

Debajo de su uniforme de correccionales, no se alcanzaba a ver la bolsa de colostomía que Inocente Orlando Montano Morales ha utilizado desde que fue operado de cáncer de vejiga. El juez le dijo que no necesitaba ponerse de pie.

Montano sufre de una serie de padecimientos restrictivos o que ponen en riesgo su vida, dijo el juez federal de distrito Terrence Boyle. Dijo que se inclina por excarcelarlo en lo que revisa las leyes de extradición de Estados Unidos, El Salvador y España.

Creo que la única disposición segura es permitirle a su familia que cuide de él hasta que se resuelva su petición de hábeas, dijo Boyle, quien fue designado al banquillo federal por el presidente Ronald Reagan en 1984.

Más de un año después de que el juez de un tribunal menor ordenó que se le extraditara a España para enfrentar cargos de asesinato terrorista, el ex coronel salvadoreño no ha estado cerca de responder a las acusaciones de que ayudó a planear la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de los cuales habían nacido en España, así como de su ama de llaves y la hija de ella, en 1989.

Montano ya tiene 75 años de edad y su delicada salud genera dudas sobre si vivirá lo suficiente para enfrentar un juicio. Apenas puede levantar los brazos y le requiere de un gran esfuerzo, y ni así puede alcanzar su cabeza, dijeron sus abogados a la corte el mes pasado.

Boyle dijo que podría permitir que Montano viva con su hermana en Carolina del Sur, y posteriormente emitir un fallo por escrito. Recientemente intentó enviar a Montano a un hospital penitenciario, pero no había camas disponibles.

Los padecimientos de Montano contrastan con el poder del que alguna vez gozó como parte de la cúpula de oficiales militares entrenados por Estados Unidos y que ocuparon altos puestos gubernamentales durante la guerra civil de El Salvador que se extendió de 1980 a 1992. Montano supervisó a la Policía Nacional como viceministro de seguridad pública, de acuerdo con documentos de la corte.

El gobierno derechista y los rebeldes del FMLN habían comenzado las negociaciones de paz, y el padre Ignacio Ellacuría fungía como intermediario, cuando altos funcionarios decidieron que los sacerdotes estaban del lado de los izquierdistas. Montano se reunió con otros miembros de alto rango y el grupo decidió dar muerte a Ellacuría y no dejar testigos, según los documentos.

Se habían presentado otras atrocidades, pero la indignación por la masacre de los sacerdotes dio pie a una investigación por parte del Congreso de Estados Unidos, en la que se encontró que la mayoría de los miembros de las fuerzas de contrainsurgencia de El Salvador que perpetraron los asesinatos habían sido entrenados en la Escuela Militar de las Américas de Estados Unidos. Hubo un declive en la cantidad de dinero y armas que envió el gobierno de Reagan, lo que aceleró el final de la guerra.

Montano, quien refuta haber participado en los asesinatos, ha estado encarcelado durante cerca de cuatro años.

Llegó a Estados Unidos a inicios de la década de 2000 y durante seis años trabajó en una fábrica de caramelos en un suburbio de Boston. Fue arrestado en 2011 y sentenciado a casi dos años por perjurio y fraude migratorio, mismos que cumplió en una prisión federal de Carolina del Norte. Desde entonces ha permanecido detenido en cárceles estatales en lo que se resuelve su extradición a España.

Una magistrada federal de Carolina del Norte, la jueza Kimberly Swank, decretó que la evidencia presentada por la fiscalía federal demostraba que Montano ayudó a planear el asesinato de los sacerdotes. Aprobó la solicitud de extradición en febrero de 2016, y solo quedaba pendiente la aprobación final por parte del Departamento de Estado.

Los abogados de Montano impugnaron la decisión y Boyle rechazó los argumentos de la fiscalía de que el asunto ya había quedado resuelto.

James Todd, abogado de Montano, dijo el jueves que las autoridades migratorias federales han emitido una orden de detención en su contra, por lo que en caso de que no sea extraditado a España, puede ser deportado con mayor facilidad a El Salvador, en donde los cambios a una añeja ley de amnistía lo dejarían expuesto a un proceso penal.

En tanto, su defensa hizo un llamado para que se considere su condición médica. Afirman que sufre de diabetes, su colostomía lo deja vulnerable a contraer infecciones bacterianas en prisión, y sufre de dolor en el cuello después de que se desmayó y se golpeó la cabeza durante el pase de lista en la cárcel.

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