Senado mexicano aprueba ley sobre desaparición de personas

El Senado mexicano aprobó el jueves un proyecto de ley que impondría sentencias más largas por desapariciones forzadas y que pide la creación de un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas.

La medida fue aprobada por votación de 90-3, con tres abstenciones, y pasa ahora a la Cámara de Diputados para su análisis.

La desaparición se refiere a secuestros en los que las víctimas no son encontradas, un asunto que ha pasado a primer plano en México, que tiene familias que buscan a sus desaparecidos mientras el país está sumido en un sangriento conflicto derivado del narcotráfico. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la agencia gubernamental encargada de la defensa de éstos, dice que han desaparecido 32.236 personas en el territorio nacional en las últimas dos décadas.

El secuestro ya es un delito en México, pero la iniciativa de ley define la desaparición como un crimen que no prescribe. La propuesta establecería sentencias de 40 a 60 años de prisión a servidores públicos y de 25 a 50 años a otras personas involucradas en ese crimen.

El proyecto también establecería una responsabilidad para que el gobierno busque a los desaparecidos, pero aún falta determinar los detalles sobre cómo se realizarían tales búsquedas.

Grupos defensores de los derechos humanos elogiaron el resultado de la votación y dijeron que miles de familias han sufrido durante años después de que miembros de las mismas fueron desaparecidos por cárteles del narcotráfico, por la policía o por unidades militares.

Los fiscales señalaron que se han descubierto 855 tumbas clandestinas con un total de 1.548 cadáveres desde 2007. Sólo aproximadamente la mitad de esos cuerpos ha sido identificada. Reportes de prensa indican que se han hallado 1.143 fosas en el país, con 3.230 cadáveres.

Los familiares se han quejado desde hace mucho tiempo de una falta de información en México sobre el paradero de sus desaparecidos. Muchas tumbas clandestinas han sido descubiertas por familiares que han buscado por su cuenta.

El gobierno federal y gobiernos estatales han sido lentos para establecer registros de ADN y otras bases de datos que pudieran permitir la identificación de cuerpos encontrados en las fosas.