Fabricantes tratan de frenar un reporte sobre pesticidas

La compañía Dow Chemical está presionando al gobierno de Trump para que rechace los hallazgos de científicos federales que señalan que una familia de pesticidas muy utilizados resulta dañina para unas 1.800 especies amenazadas o en peligro.

Abogados que representan a Dow cuyo director general lidera también un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre manufactura y a otros dos fabricantes de organofosforados enviaron misivas la semana pasada a los responsables de tres agencias del gobierno.

Las empresas les pidieron que "dejen de lado" los resultados de los estudios del gobierno, que según las compañías tienen fallos fundamentales.

The Associated Press tuvo acceso a las misivas, fechadas el 13 de abril.

El presidente y director general de Dow Chemical, Andrew Liveris, es un asesor cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La empresa donó un millón de dólares para las celebraciones de la investidura de Trump.

Durante los últimos cuatro años, científicos del gobierno han elaborado un reporte oficial que abarca más de 10.000 páginas y que indica que tres pesticidas en revisión el clorpirifós, el diazinón y el malatión plantean un riesgo casi para todas las especies en peligro estudiadas.

Reguladores de tres agencias federales que comparten la responsabilidad de aplicar la Ley de Especies en Peligro están cerca de presentar sus hallazgos, que se espera provoquen nuevos límites sobre cómo y dónde pueden emplearse estos insecticidas de gran toxicidad.

La petición de la industria se produjo después de que el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Scott Pruitt, anunció el mes pasado que revocaría una iniciativa de la era Obama para vetar el empleo del pesticida clorpirifós de Dow sobre cultivos para consumo humano después de que recientes estudios revisados por la comunidad científica determinaran que incluso una exposición mínima a la sustancia podía mermar el desarrollo de los cerebros de los niños.

En su cargo anterior como secretario de Justicia de Oklahoma, Pruitt se puso a menudo del lado de ejecutivos y corporaciones que apoyaron sus campañas estatales en diferentes disputas legales. Presentó más de una docena de demandas reclamando que se revocaran algunas de las mismas normas que ahora está encargado de aplicar.

Pruitt declinó responder preguntas de los periodistas el miércoles durante una visita a un proyecto de la EPA en Indiana. Un portavoz de la agencia dijo después que Pruitt no "prejuzgará" cualquier posible decisión sobre normas, y que "intentamos restaurar la cordura regulatoria al trabajo de la EPA".

"No hemos tenido reuniones con Dow sobre este tema y estamos revisando las peticiones según llegan, dando una cuidadosa consideración a la ciencia sólida y a la buena legislación", indicó J.P. Freire, administrador asociado de asuntos públicos en la agencia. "El administrador está comprometido con escuchar a los inversionistas afectados por las regulaciones de la EPA, así como con revisar decisiones pasadas".

La oficina del secretario de Comercio, Wilbur Ross, que supervisa el Servicio Natural de Pesca Marina, no respondió a peticiones enviadas por email. Una vocera del secretario de Interior, Ryan Zinke, que supervisa el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, derivó las preguntas al EPA.

Al igual que con los recientes estudios sobre humanos en clorpirifós, Dow contrató a sus propios científicos para ofrecer una extensa refutación de los estudios del gobierno sobre los riesgos que suponen los organofosforados para las especies en peligro.

El reciente análisis biológico de la EPA sobre el clorpirifós determinó que el insecticida "probablemente afecta de forma negativa" a 1.778 de los 1.835 animales y plantas considerados durante el estudio, incluidas especies amenazadas o en peligro de ranas, peces, aves y mamíferos. Los resultados del diazinón y el malatión fueron similares.

En un comunicado, la filial de Dow que vende el clorpirifós dijo que sus abogados habían pedido la retirada de las conclusiones de la EPA porque "su base científica no era fiable".

"Dow AgroSciences está comprometida con la producción y comercialización de productos que ayudarán a los agricultores estadounidenses a alimentar al mundo, y lo hará con pleno respeto por la salud humana y el medio ambiente, incluidas las especies amenazadas o en peligro", añadió el comunicado. "Estas cartas, y los detallados análisis científicos que las respaldan, demuestran ese compromiso".

FMC Corp., que vende malatión, dijo que la retirada de los estudios de la EPA dará el tiempo necesario para reunir los "mejores" datos científicos disponibles.

"El malatión es una herramienta clave para proteger a la agricultura de plagas dañinas", indicó la empresa.

Por su parte, el fabricante de diazinón, Makhteshim Agan of North America Inc., que opera con el nombre comercial Adama, no respondió a los correos electrónicos pidiendo comentarios.

Activistas medioambientales consultados dijeron no estar sorprendidos porque las empresas puedan buscar una demora en nuevas regulaciones que podrían afectar a sus beneficios, pero dijeron el miércoles que las críticas a los científicos del gobierno eran infundadas. Los métodos empleados para los análisis biológicos de la EPA fueron desarrollados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Los expertos de Dow intentan exigir a los científicos de la EPA un estándar poco realista en la recogida de datos que sólo podría obtenerse en "un entorno perfecto de laboratorio", dijo Brett Hartl, director de asuntos del gobierno en el Center for Biological Diversity.

"No puedes sacar un pez en peligro del entorno, llevarlo al laboratorio y después exponerlo a suficientes pesticidas hasta que se muere para conseguir esa clase de datos", dijo Hartl. "Está moralmente mal y es ilegal".

El clorpirifós, derivado en un principio desde un gas nervioso desarrollado por la Alemania nazi, se ha rociado durante décadas sobre cítricos, manzanas, cerezas y otras cosechas. Es uno de los insecticidas agrícolas más utilizados en Estados Unidos, donde Dow vende unos 5 millones de libras (2,2 millones de kilos) del producto al año.

Como resultado, es habitual encontrar trazas del producto en fuentes de agua potable. Un estudio de 2012 de la Universidad de California campus Berkeley determinó que el 87% de las muestras de sangre de cordón umbilical analizadas de bebés recién nacidos contenían niveles detectables de clorpirifós.

El gobierno de Bush ordenó en 2005 el fin del empleo del diazinón en zonas urbanas para matar plagas de jardín como hormigas después de determinar que suponía un riesgo para la salud, especialmente para los niños. Sin embargo, su uso agrícola aún está permitido y se emplea en cultivos de frutas y verduras.

El malatión se emplea habitualmente para controlar mosquitos y moscas de la fruta. También es un ingrediente activo en algunos champús recetados a los niños contra los piojos.

Una coalición de grupos medioambientales lleva años peleando en los tribunales para instar a la EPA a examinar más de cerca el riesgo que plantean para humanos y especies en peligro los pesticidas, en especial los organofosforados.

"Las especies en peligro son el canario en la mina de carbón", dijo Hartl. Dado que muchas de las especies amenazadas son acuáticas, explicó, a menudo son las primeras en mostrar los efectos de la contaminación a largo plazo en ríos y lagos que los humanos emplean como fuentes de agua para beber.

Dow, que gastó más de 13,6 millones de dólares en cabildeo en 2016, tiene desde hace tiempo un poder considerable en Washington. No hay indicios de que la influencia de la gran firma química haya disminuido.

Cuando Trump firmó un decreto en febrero ordenando la creación de equipos de trabajo en agencias federales para retirar regulaciones del gobierno, el director general de Dow estaba al lado del presidente.

"Andrew, me gustaría agradecerle por formar el grupo y por su fantástico trabajo", dijo Trump cuando firmaba la medida en una ceremonia en la Oficina Oval. Después, el presidente obsequió su pluma a Liveris como recuerdo.

Rachelle Schikorra, directora de asuntos públicos de Dow Chemical, dijo que cualquier insinuación de que la donación de un millón de dólares que hizo la empresa al comité inaugural de Trump pretendía ganar influencia en decisiones regulatorias del nuevo gobierno está "completamente desencaminada".

"Dow participa activamente en los procesos políticos y de legislación, incluidas las contribuciones políticas a candidatos, partidos y causas, cumpliendo con todas las leyes federales y estatales aplicables", indicó Schikorra. "Dow mantiene y está comprometido con el estándar más alto de conducta ética en esta actividad".

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Los periodistas de Associated Press Jack Gillum en Washington y Sophia Tareen en East Chicago, Indiana, contribuyeron a este despacho.

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