DDHH: cifra de fosas clandestinas en México es un misterio

México no sabe cuántos desaparecidos tiene ni cuántas fosas clandestinas hay en el país.

Un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) divulgado el jueves encontró que hay distintos registros en el territorio, algunos estados simplemente no aportan datos, las investigaciones no son exhaustivas ni correctas y no existen planes integrales de búsqueda. De ahí, que todavía no sea posible disponer de números consolidados que muestren la magnitud del fenómeno.

Ismael Eslava, el funcionario que presentó el informe, reconoció que después de un intenso trabajo de recopilación de datos, sólo se consiguieron cifras parciales sobre un tema que supone un "problema estructural" para México y ante el cual las autoridades han mostrado "dilación" y "falta de interés".

Eslava sí admitió algunos avances pero subrayó que la mayoría de los pasos positivos que se han dado han sido gracias al trabajo de las víctimas y las organizaciones que las apoyan, que han hecho el trabajo de investigación y búsqueda que correspondía a las autoridades.

Sobre los enterramientos clandestinos, por ejemplo, el informe indica que los gobiernos estatales tienen registradas 855 fosas de 2007 a septiembre de 2016, de las cuales se exhumaron 1.548 cadáveres, 796 de los cuales han sido identificados.

Sin embargo, estos datos oficiales corresponden más o menos a la mitad del país, porque 13 de los 31 estados y la Ciudad de México no dieron información o dijeron no contar con registros, incluidos algunos en los que se han descubierto decenas de fosas, como Tamaulipas, en la frontera con Texas.

Ese estado, por ejemplo, es el que tiene un mayor registro de desaparecidos y solo entre abril y mayo de 2011 se localizaron varios enterramientos con al menos 193 cuerpos, según datos de la Procuraduría General de la República.

En un intento de completar datos, la Comisión hizo una búsqueda de registros de fosas en otras fuentes, como reportes de prensa de las mismas fechas, y contabilizó un total de 1.143 enterramientos con 3.230 cadáveres.

Para complicar más las cosas, algunos estados como Colima, Coahuila, Nuevo León y Veracruz, además de datos de fosas ofrecieron datos de "fragmentos óseos y/o humanos" localizados, a veces en fincas o ranchos, y que suman casi 40.000.

Estos fragmentos podrían pertenecer también a desaparecidos porque las autoridades han constatado que algunos grupos del crimen organizado quemaban o disolvían en ácido a las personas que mataban para no dejar rastro de ellas.

Precisamente para poner orden en todas estas cifras y poder garantizar el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia, Eslava subrayó la importancia de crear un registro unificado nacional de fosas, del registro genético de los restos encontrados y del ADN de las familias que buscan y, lógicamente, de desaparecidos.

En este apartado también hay un baile de cifras. El gobierno federal habla de 29.903 personas desaparecidas a octubre de 2016. La CNDH, después de revisar varios registros, ofreció una cifra aproximada de 32.236 desapariciones el 82,71% de las mismas ocurridas solo en 11 estados pero aclaró que los datos no están totalmente depurados y que se mezclan desaparecidos, con no localizados o extraviados, conceptos que pueden generar dudas.

Lo que sí destacó Eslava es que la Comisión constató que en los últimos diez años se ha incrementado el número de desapariciones, tanto forzadas en las que interviene una autoridad como a manos de delincuentes, y también ha crecido el nivel de impunidad en los casos denunciados.

Curiosamente, el año con mayor número de desapariciones es 2014 cuando, supuestamente, ya había empezado a decrecer el índice de violencia vinculada a la guerra contra el narco, que tuvo su pico, medido por el número de homicidios, en 2010 y 2011.

En cuanto a las investigaciones, la Comisión denunció la impunidad ante el delito de desaparición que, en muchos, casos, ni siquiera está correctamente tipificado. En el caso de las desapariciones forzadas (en las que participa alguna autoridad), la fiscalía federal inició 127 investigaciones entre 2014 y 2015 y solo ha habido seis sentencias. En las fiscalías estatales, de 260 denuncias por desaparición forzada solo nueve llegaron al órgano judicial y solo se tiene registro de dos sentencias.

"La CNDH reitera que los derechos humanos enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas en nuestro país y en materia de desaparición de personas un problema estructural", subrayó Eslava.

La Comisión ofreció más de un centenar de recomendaciones, parte de ellas ya incluidas en las 64 que en los últimos años han hecho varios organismos internacionales y que básicamente insisten en que México debe investigar correctamente, buscar a los desaparecidos y apoyar a las víctimas para conseguir llegar a la verdad y la justicia.