La justicia española investiga crímenes del gobierno sirio

La Audiencia Nacional de España ordenó investigar la presunta responsabilidad de nueve altos funcionarios del gobierno sirio en la desaparición y ejecución de un hombre en 2013, la primera querella criminal internacional contra el gobierno de Bashar al-Assad.

El juez de instrucción Eloy Velasco señaló que los nueve podrían ser acusados de terrorismo y desaparición forzada según la ley española de justicia universal, aunque también vio indicios de delitos de lesa humanidad, tortura y crímenes de guerra.

El caso es la primera querella criminal admitida contra políticos y miembros clave de las fuerzas de seguridad e inteligencia sirias, incluidos el vicepresidente Farouk al-Sharaa, el jefe de la inteligencia Ali Mamluc y el responsable de inteligencia de las fuerzas aéreas Jamil Hassan.

Alrededor de 400.000 personas han muerto en más de seis años de conflicto en Siria. Puesto que Rusia ha bloqueado la litigación en la Corte Penal Internacional, activistas y familias de las víctimas ven en las cortes de las naciones europeas la única oportunidad de que se haga justicia por los crímenes de guerra.

Stephen Rapp, exembajador de Estados Unidos para crímenes de guerra, señaló que la decisión del lunes podría ayudar a poner a la justicia en el centro del debate internacional para resolver la crisis en Siria.

"Es el amanecer de la justicia para Siria, a partir de ahora esto sólo puede ir a más", dijo Rapp.

El caso se centra en la detención arbitraria del transportista Abdulmuemen Alhaj Hamdo, que luego desapareció, fue presuntamente torturado y ejecutado en un centro ilegal de detención de Damasco.

La querella fue presentada el mes pasado en Madrid por un grupo internacional de abogados en representación de la hermana del camionero, Amal Hag Hamdo Anfalis, que tiene nacionalidad española.

La hermana supo del fallecimiento cuando la imagen del cadáver de Hamdo apareció entre las miles de instantáneas sacadas de Siria por parte de un fotógrafo forense que se oculta bajo el seudónimo de César.

Velasco ha citado a la hermana y al fotógrafo para que testifiquen el próximo 10 de abril. También ha cursado una petición a Eurojust, la agencia europea de cooperación judicial, para obtener información que podría llevar a establecer una comisión internacional que investigue casos similares.

Velasco opera bajo el principio de la justicia universal que en España permite perseguir crímenes cometidos fuera del país siempre cuando haya una víctima nacional.

En el auto de aceptación del caso Velasco contradijo la opinión de la fiscal del Estado que había señalado en una resolución a mediados de febrero que a la hermana no se la podía considerar víctima.

"Es un día importante para las víctimas de Siria y del mundo", dijo Almudena Bernabéu, socia del bufete Guernica 37, para quien el caso que están liderando podría abrir el camino para que otros invoquen el principio de justicia universal.

"Estamos enviando un mensaje a las víctimas de que no están solas," añadió. En la querella los abogados argumentaron que el gobierno sirio aterrorizó a la población civil haciéndose valer del aparato de seguridad e inteligencia del Estado.

CIJA, una comisión para la búsqueda de justicia internacional, señaló el lunes que la decisión reviste una "importancia simbólica significativa" para las víctimas en Siria pero reconoció que las posibilidades de ver a los nueve acusados en el banquillo son pocas.

Los tribunales españoles han aceptado casos de justicia universal en el pasado contra ciudadanos de otros países pero prácticamente ninguno de los procesos judiciales han llegado a una resolución final.

En el caso más famoso la Audiencia Nacional ordenó la detención en 1998 de Augusto Pinochet cuando el exdictador chileno se encontraba en Londres. Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario durante 18 meses antes de que se lo dejase marchar por razones de salud.

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La reportera de AP Dominique Soguel contribuyó a esta nota desde Basilea.