La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes. Solón
Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, quizás al escribir su magistral obra "El espíritu de las leyes" no pensó necesario dedicar un solo capítulo sobre la conducta perniciosa en la que algunos magistrados pueden incurrir desde el ejercicio de sus cargos y esto quizás, porque, quien ostenta tan digna investidura, debe asumir que el Derecho sirve para instituir el orden social, la paz; alcanzar el bien común y proveer la seguridad jurídica tan necesaria en la sociedad, no para pervertir el orden social y demoler la institucionalidad mediante vanas argucias, dejando en la voluntad de un solo hombre todos los poderes que al final corrompen, cuando se ejercen desde la desmesurada apetencia política y económica.
En la Nicaragua actual, gobernada desde hace una década por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, Presidente y Vice Presidenta de la república, designados ambos por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en una farsa electoral puesta en escena el pasado 6 de noviembre del 2016. Ser magistrado es sinónimo de ser "cómplice". Cómplice de la arbitrariedad, de la ilegalidad, del autoritarismo gubernamental, de la corrupción, de la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, cómplices de fraudes electorales, de componendas para repartirse el poder, de descomposición jurídica, de la judialización de la política, en fin, el daño que desde el ejercicio de sus magistraturas estos funcionarios públicos han causado es irreparable.
La república ha tocado fondo y su institucionalidad es solo un vestigio adormecido en el tiempo. Prevalece el nombre y quizás un concepto difuso de las instituciones, pero el prestigio, ese ya no. En Nicaragua las cosas no caminan bien desde hace mucho tiempo y como consecuencia lógica al desastre institucional propiciado por la dinastía Ortega Murillo, se vive una dramática crisis actualmente, la Asamblea Nacional de la República es más parecida a un circo que a un parlamento, de ahí que no haya capacidad para revertir el conflicto político del país. Los diputados de la "oposición" (etiqueta artística de la quinta columna del régimen Orteguista) Son bien pagados por su complacencia frente a los actos de corrupción que empobrecen cada día más al pueblo y enriquecen a los que detentan el poder.
La Corte Suprema de Justicia dejó hace mucho de ser un símbolo de probidad para convertirse en guarida de prevaricadores al servicio de lo absurdo, es hora que las casas de estudio superior (universidades) del país en cuyos recintos se ofrece el estudio del Derecho, hagan oír sus voces de protesta en contra de esta barbarie, no se puede condenar a los futuros abogados y abogadas a asumir el silencio de la complacencia ante lo ilegal y lo antijurídico, a rehuir al sagrado deber de anteponer el respeto por el cumplimiento irrestricto de la ley antes que la obediencia a voluntades espurias. Las universidades deben decretar duelo nacional por el cruel asesinato del orden jurídico a mano de los que se supone, deben cumplirlo y hacerlo cumplir.
Pero sin duda alguna el magistrado más controversial del macondo nicaragüense, es el titular del Consejo Supremo Electoral, con su sueldo de servidor público este personaje posee mansiones en Nicaragua como en Costa Rica, avioneta privada, flota vehicular digna de un magnate, y mucho dinero. De él recuerdo con claridad, hace unos años atrás, su negativa para expedir la cédula de identidad de mi hijo al cumplir 16 años, mandó a decirme con un funcionario del poder electoral "que mi hijo jamás tendría el documento de identidad ciudadana porque yo escribía muchas babosadas" Pero es imposible dejar de escribir denunciando la podredumbre gubernamental cuando desde la primera magistratura del país las cosas han venido de mal en peor hasta deshonrar la investidura, transmutando en una vulgar y corrupta dinastía.
