Tribunal debate si ejecuciones en Ohio son constitucionales

Un tribunal escuchará argumentos el martes sobre la constitucionalidad del método de inyección letal que usa el estado de Ohio para ejecutar, en momentos en que el estado intenta reanudar la aplicación de la pena de muerte.

El punto de discordia es si el sedante usado, midazolam, es suficientemente potente para dejar inconsciente al condenado antes de recibir las dos inyecciones que le paralizan y le fulminan el corazón.

Un tema relacionado es si Ohio podría conseguir un estupefaciente alterno -- un barbitúrico llamado pentobarbital -- que antes se usaba en las ejecuciones pero que hoy en día es imposible de conseguir en Ohio.

El Tribunal Federal de Apelaciones de Sexto Circuito en Cincinnati escuchará los argumentos el martes. La decisión que se tome, probablemente en cuestión de pocas semanas, es esperada con gran interés no sólo en Ohio sino también en otros estados que usan midazolam o que están considerando usarlo.

El caso llegó a ese tribunal luego que Ohio apeló el fallo de un juez federal que rechazó el método actual de usar tres sustancias sucesivas.

Las ejecuciones están suspendidas desde enero del 2014 cuando el preso Dennis McGuire pasó 26 minutos vivo antes de morir, en un proceso inédito que comenzó con la aplicación de midazolam. Esa misma droga se usó en otra ejecución controversial, ese mismo año en Arizona.

Ohio anunció en octubre que aplicaría un método con tres sustancias, y dijo tener suficiente para llevar a cabo por lo menos cuatro ejecuciones, aunque documentos obtenidos por la Associated Press indican que con esa cantidad se podrían realizar decenas de procedimientos.

McGuire fue ejecutado con 10 miligramos de midazolam. Según las nuevas normas, hay que aplicar 500 miligramos, y las autoridades insisten en que hay evidencias que la dosis mayor es más eficaz al momento de anestesiar al condenado.

Ohio asevera además que un fallo de la Corte Suprema en el 2015 sobre un caso de Oklahoma establece la legalidad del uso de midazolam.

"Ohio tiene la capacidad de aplicar ejecuciones obedeciendo a los parámetros constitucionales, y se le debe permitir hacerlo", dijo Thomas Madden, secretario de Justicia adjunto, en el documento presentando los argumentos de la apelación.

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Andrew Welsh-Huggins en Twitter

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