El Poder Judicial absuelve con la misma autoridad con la que condena

Marcela Meza, hija de Gloria Lagos, ha declarado que ella no ha autorizado al Poder Judicial ni al Gobierno de Chile para que absuelvan o indulten a quienes detuvieron a su madre el lunes 26 de agosto de 1974. De acuerdo con la información disponible, no obstante, nadie sabe quiénes tomaron detenida a Gloria Lagos. Sin embargo, Osvaldo Romo fue investigado infructuosamente como eventual responsable de la detención, puesto que María Urrutia dice haberla visto en el centro de detención Cuatro Álamos, ubicado en Canadá 5359 (entonces San Miguel; hoy San Joaquín). Algunas fuentes dicen que María Urrutia declaró haber visto a Gloria Lagos en el centro de detención ubicado en Londres 38 (Santiago), pero ella misma aclaró que permaneció aquí hasta el 18 o 19 de agosto, de manera que es imposible que haya visto a Gloria Lagos en ese lugar si esta fue detenida recién el día 26. Según el testimonio de María Urrutia, Gloria Lagos nunca llegó a Tres Álamos (el destino usual de quienes pasaban por Cuatro Álamos). El paradero de Gloria es desconocido hasta el día de hoy.

Aplaudo que Marcela Meza desconozca la autoridad del Estado para absolver o para indultar, puesto que esto también implica que el Estado no tiene autoridad para haber investigado a Osvaldo Romo por la detención y desaparición de Gloria Lagos ni la tenía para haber detenido a Gloria tampoco. Esto no es, sin embargo, lo que pensaba Gloria; puesto que ella, como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), consideraba que el Estado tiene la autoridad para hacer esto y mucho más: para hacer lo que hicieron con María Urrutia, por ejemplo: aplastarle las piernas con un vehículo en marcha con el fin de arrancarle una confesión. Esto ocurrió en contra de las resoluciones (nros 1 & 22/1974 Interior) que ordenaban el buen trato de todos los privados de libertad, de manera que los agentes estatales desobedecieron las órdenes directas de sus superiores y transgredieron las normas que los regían. En el tipo de Estado que intentaba imponer el MIR por ese entonces -y no a través de las urnas, ciertamente-, esta no habría sido una transgresión.

¿Cómo alguien no se va a dar cuenta de que resulta inadmisible que el Estado tenga en su poder la autoridad para decidir si acaso es lícito o no aplastar las piernas de una persona con un vehículo en marcha? Replicando las sentidas palabras de Marcela, yo afirmo que no le he dado autorización al Estado para juzgarme, para absolverme, para cobrarme impuestos, para imponerme normas, para exigirme regulaciones, para obligarme a tener Rol Único Nacional (RUN), para controlar mi identidad, para tomarme detenido, para multarme, para demostrarle que sé conducir, para autorizarme a repartir publicidad, para darme permiso de vender mis cosas, para permitirme que entre o salga del país, etc. La madre de Marcela integraba un grupo según el cual el Estado puede hacer cualquiera de estas cosas y utilizar a las personas a su conveniencia: este grupo, pues, intentaba acceder al poder eliminando físicamente a quienes lo detentaban en ese minuto y muchos de sus miembros encontraron la muerte en medio de esta batalla por atrapar el Estado y utilizar su poder en su máxima expresión posible.

Marcela era una niña de ocho años cuando su madre fue detenida y su visión al respecto está anclada en lo que sentía a esta edad: su madre fue arrancada del hogar de forma abrupta y sin razones de por medio. Esta visión no se corresponde con la realidad -que su madre participaba en un grupo armado que intentaba controlar el país y las vidas de las personas-, pero la ha ayudado a asumir una perspectiva completamente opuesta a la de su mamá: que el Estado no debe decidir cómo debe ser impartida la justicia, porque este es un asunto privado y personal. ¡Y todos los asuntos lo son! Esa autoridad que se arroga el Estado no solamente es desmedida, como expuse arriba, sino que además es ilegítima; porque nadie la tiene y, por lo tanto, nadie la puede delegar; porque los derechos básicos de cada persona -vida, libertad, propiedad- no pueden estar sujetos a las decisiones de terceros; porque el Estado se funda en la ficción de la soberanía colectiva y esta ficción se opone al hecho de que los derechos son individuales.

Resulta irónico, por supuesto, que algunos agentes del Gobierno Militar hayan incurrido en las mismas prácticas que habrían sido instauradas como norma en el caso de que el MIR hubiese triunfado en su intento por acaparar el poder político y militar sobre Chile. El Gobierno Militar luchaba contra la instauración de estos atropellos, pero no dejaba de ser un gobierno: una institución estatal que pasa por encima del individuo con tal de cumplir sus metas. Los pragmáticos afirman que «el fuego se combate con fuego» y que las estrategias alternativas (pacíficas) conducen a situaciones de violencia como las que hemos visto ocurrir en Europa durante los últimos años. Ellos van más lejos en ocasiones y responsabilizan a los pacifistas de los atentados y de las muertes. No me parece que estos asuntos sean tan claros, pero tengo la certeza de que el atropello sistemático de los derechos humanos no va a cesar mientras los Estados dominen el mundo.