Texas destituiría a funcionarios de ciudades santuario
Legisladores de Texas aprueban iniciativa para destituir a funcionarios que no cooperen con autoridades de inmigración
El gobernador de Texas Greg Abbott advirtió a los funcionarios electos locales que el estado los "correría" si se resisten a cooperar con los esfuerzos federales para deportar a los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Y los legisladores republicanos parecen dispuestos a brindarle la herramienta legal para cumplir su amenaza.
Una cláusula incluida en un proyecto para prohibir las llamadas ciudades santuario, aprobado el miércoles por el Senado estatal de mayoría republicana, permitiría presentar cargos penales en contra de funcionarios de ciudades o condados que intencionalmente se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración. Cualquier funcionario electo de un condado, como un jefe de policía, podría ser destituido inmediatamente en caso de ser declarado culpable de faltas éticas.
La medida ahora pasará a la Cámara de Representantes de Texas, que también es de mayoría republicana.
El republicano Abbott prometió promulgar una ley en contra de las ciudades santuario y amenazó con despedir a los funcionarios electos que se nieguen a cumplirla. La advertencia generó preguntas legales sobre el poder del gobernador para invalidar elecciones locales, pero la nueva cláusula pondría el caso en las manos de un jurado.
La primera advertencia de Abbott se presentó durante una disputa con la jefa de policía del condado Travis, Sally Hernandez, una demócrata de Austin que se ha negado públicamente a retener a los presos para una posible deportación, con la excepción de algunos condenados por delitos violentos.
El gobernador respalda la medida que "arremeta e imponga sanciones criminales a aquellos que se pongan por encima de la ley y perjudiquen a los texanos", indicó el miércoles el portavoz de Abbott, John Wittman.
El término "ciudades santuario" no tiene una definición legal, pero los republicanos quieren que la policía local ayude a ejercer la ley migratoria federal como parte de un esfuerzo por detener a los sospechosos criminales que están ilegalmente en Estados Unidos.
