Rumania: Se profundiza crisis política por ley de corrupción

Decenas de miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de Bucarest y de otras ciudades rumanas el viernes, donde abuchearon a efigies de los políticos a los que responsabilizan de un decreto que debilita la lucha del país contra la corrupción.

Personas de todas las edades, algunas de ellas con niños, participaron en las protestas por cuarta noche consecutiva. El ambiente era de indignación con el gobierno, pero también de solidaridad y esperanza para que haya un cambio. Algunos portaban mantas que rezaban: "Vine por mi futuro".

La crisis política causada por el decreto se profundizó el viernes después que dos aliados clave del gobierno dijeron que la ordenanza aprobada el miércoles en la madrugada sin la intervención del Parlamento es inconstitucional. Incluso la influyente Iglesia ortodoxa rumana criticó la medida, que según los detractores permitirá que los políticos corruptos queden impunes.

La ordenanza despenalizaría los casos de corrupción que sean menores a 200.000 leus (47.800 dólares).

El procurador general Augustin Lazar le pidió a la Corte de Apelaciones de Bucarest el viernes por la noche que suspenda y cancele el decreto gubernamental "en un régimen de emergencia" antes de que formalmente se convierta en ley el 9 de febrero.

El ombudsman Victor Ciorbea, que previamente había respaldado la medida gubernamental, revirtió su posición el viernes. Dijo que le dirá al Tribunal Constitucional que el decreto "no está justificado" y que la medida crea el riesgo de "dejar fuera del alcance de la ley a casi toda la administración pública".

Los legisladores de la Unión Democrática de Húngaros, un partido que respalda formalmente al gobierno, también criticaron la ordenanza. Dijeron que la ley penal no debe modificarse por decretos de emergencia, sino a través de debates parlamentarios.

En otro revés para el gobierno, la Iglesia ortodoxa, a la que pertenecen el 85% de los rumanos, consideró que la lucha contra la corrupción debe seguir y que los culpables deben ser sancionados.

"El robo y el desfalco degradan material y moralmente a la sociedad", afirmó la Iglesia.

Horas antes, el ministro de Justicia Florin Iordache manifestó su respaldo a la ley. Les dijo a reporteros el viernes: "Yo asumo la responsabilidad por esta ordenanza".

El partido gobernante, el Socialdemócrata de centro-izquierda_, defiende el decreto pese a que ha desatado algunas de las mayores protestas desde la caída del comunismo en 1989. Su líder, Liviu Dragnea, al que se le ha impedido convertirse en primer ministro debido a que fue declarado culpable de fraude electoral, es uno de los que podrían verse beneficiados por el decreto.

El Tribunal Constitucional planea fallar sobre la legalidad del decreto el martes, el último recurso legal para frenarlo.

En una cumbre de líderes de la Unión Europea en Malta, el presidente rumano Klaus Iohannis dijo el viernes que confía más en los manifestantes que en el gobierno.

"Tenemos a cientos de miles de mis rumanos en las calles y confío en ellos", afirmó. "Creo en Rumania... los valores europeos tienen que prevalecer y pienso que eso es lo que va a suceder".

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que Estados Unidos está "profundamente preocupado" por las medidas recientes "que minan el estado de derecho y debilitan la responsabilidad por crímenes financieros y de corrupción".

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El periodista Geir Moulson de The Associated Press contribuyó desde Berlín.