Exministro guatemalteco niega ejecución de presos

El exministro guatemalteco Carlos Vielmann negó ante un tribunal español tener alguna responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 10 reos que se habían amotinado o fugado de cárceles de su país hace una década.

Vielmann, que enfrenta una eventual condena a 40 años de prisión en el juicio que comenzó el martes en la Audiencia Nacional en Madrid, también afirmó que al fijar su residencia en España no pretendía huir de la justicia por sus acciones cuando fue ministro de Gobernación de Guatemala entre 2004 y 2007.

El fiscal público acusó al exministro de diseñar con la policía nacional y funcionarios del sistema penitenciario dos planes para asesinar a un prisionero fugado de la cárcel de alta seguridad conocida como "El Infiernito" en 2005 y a otros siete que se habían amotinado en una granja de rehabilitación llamada "El Pavón" en 2006.

Además, la acusación popular representada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la ejercida de forma particular por dos familias acusaron a Vielmann de estar implicado en la muerte de otros dos reos de "El Infiernito".

"Yo en temas operativos no he participado, aquí se ha dicho mucha cosa que no era cierta", respondió Vielmann ante las preguntas del fiscal sobre su supervisión del "Plan Gavilán" que se ejecutó en octubre de 2005 para la recaptura de 19 reclusos fugados de la cárcel de Escuintla, conocida como "El Infiernito".

Según la fiscalía, como máximo responsable político de ese plan Vielmann estaba al corriente de la muerte de al menos un reo a manos de agentes de la policía y funcionarios penitenciarios que luego alteraron la escena del crimen para que pareciese el resultado de un tiroteo.

Otros dos de los fugados también aparecieron muertos. El exministro negó ante la jueza española Concepción Espejel su implicación en las muertes.

En septiembre de 2006 siete prisioneros de "El Pavón", al este de la capital guatemalteca, murieron en el marco de la llamada operación "Pavo Real" para recuperar el control del recinto que había quedado en manos de un grupo de prisioneros que dirigían un laboratorio de cocaína financiado, en parte, por hipotecas de celdas de lujo concedidas a otros reclusos.

"Aquello era un Estado dentro del Estado," dijo Vielmann refiriéndose a los sucesos ocurridos el 25 de septiembre de 2006.

Según consta en el escrito de la acusación, ese día siete prisioneros fueron ejecutados a sangre fría tras ser seleccionados de una lista elaborada por el grupo operativo que dirigía Vielmann.

"Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, he tenido éxito empresarial", dijo el acusado. "Yo mi nombre no lo iba a manchar por permitir la muerte de reclusos", agregó y reiteró que los prisioneros murieron cuando se resistieron a la acción de las fuerzas de seguridad.

En el juicio de 12 sesiones que se extenderá hasta fines de febrero está previsto que testifiquen el expresidente scar Berger (2004-2008) así como familiares de las víctimas y otros testigos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó 160 años de prisión e inhabilitación, pero el código penal español limita el cumplimiento a un máximo de 40 años. El fiscal también pidió que Vielmann indemnice a cada una de las familias de las víctimas con 300.000 euros (unos 318.000 dólares).

Una comisión respaldada por Naciones Unidas inició la denuncia contra Vielmann y algunos de sus colaboradores.

A raíz de aquella denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala un tribunal suizo condenó en 2015 a cadena perpetua al exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, por la muerte de los siete reos de "El Pavón". Sperisen había fijado su residencia en Suiza en 2008.

Otro de los elementos claves en el "Plan Gavilán y el "Pavo Real" fue el ex subdirector general de investigación criminal de la Policía Nacional Civil Javier Figueroa, absuelto en octubre de 2013 de su participación en los hechos por un tribunal de Austria, donde residía.

Vielmann sostuvo que su traslado a España en 2010, un año después de obtener la nacionalidad española, se debió a razones familiares y que en ningún caso pretendía huir de la justicia aunque resaltó que es objeto de una "persecución política" en Guatemala. "Las condiciones en Guatemala no estaban ni para celebrar un juicio justo en el tema legal ni para asegurar las condiciones de seguridad a mi persona", aseveró.

Vielmann fue detenido en Madrid en dos ocasiones a fines de 2010 pero un juez lo liberó bajo fianza y pendiente de juicio. Guatemala solicitó su extradición en 2012 pero la Corte Constitucional del país centroamericano no ejecutó la petición, por lo que la Audiencia Nacional española procedió a su encausamiento.