Mexicanos demandan a lechería de Idaho por trata de personas

Seis veterinarios mexicanos que dijeron que fueron reclutados para trabajar en una granja de productos lácteos de Idaho en la atención de animales presentaron una demanda federal por tráfico humano contra los propietarios del negocio y el abogado que tramitó las visas de trabajo, alegando que fueron obligados a trabajar como peones, ordeñando vacas y paleando estiércol, durante aproximadamente un año.

A los veterinarios se les prometió que supervisarían la salud y el programa de reproducción de los animales en Funk Dairy Inc. en el pequeño poblado de Murtaugh, en el sur de Idaho, y que fueron traídos a Estados Unidos con visas TN para profesionales de México y Canadá, indica la demanda que fue interpuesta el martes en el Tribunal Federal de Distrito en Boise.

Los acusados son David Funk, propietario de Funk, el administrador Curtis Giles y el abogado Jeremy Pittard, quien según la demanda fue quien tramitó sus visas. Pittard, un defensor público y abogado especializado en casos de inmigración familiar, dijo a The Associated Press que hizo su trabajo después de que la administración de Funk Dairy le solicitó ayuda para tramitar las visas, pero que no podía comentar sobre las condiciones de trabajo de los veterinarios.

La compañía no respondió las llamadas telefónicas de la AP solicitando comentarios.

En la demanda se afirma que los veterinarios fueron forzados ilegalmente a trabajar como empleados generales a pesar de tener visa de trabajador profesional, que recibieron hospedaje inferior al nivel medio y salarios más bajos de lo prometido. Además, fueron amenazados con la deportación si no realizaban bien su trabajo asignado, agregó el documento. Los demandantes buscan una compensación monetaria no especificada por daños, como contemplan las leyes federales de lucha contra el tráfico de personas.

La presunta conjura de tráfico representó "el reclutamiento fraudulento de veterinarios mexicanos profesionales para el propósito de evadir leyes de inmigración estadounidenses y contratar trabajadores como peones generales de salario bajo", asevera la demanda.

Los veterinarios César Martínez Rodríguez, Dalia Padilla López, Mayra Muñoz Lara, Brenda Gastélum Sierra, Leslie Ortiz García y Ricardo Neri Camacho afirmaron también en la demanda que sus empleadores explotaron su temor, su incapacidad para hablar inglés y su desconocimiento del sistema jurídico estadounidense para obligarlos a permanecer en la granja lechera de 2014 a 2015.

"No estoy seguro de si puedo conjeturar sobre por qué la compañía escogió esta ruta, pero en general, las compañías agrícolas han tenido problemas por escasez de mano de obra", dijo el abogado de los veterinarios, Edgar Iván Aguilasocho. "Hasta donde podemos decir, esta conspiración criminal tuvo el objetivo de proporcionar una solución improvisada a este tipo de escasez".

Los profesionales dijeron que se les ofreció un salario de 10 dólares la hora con la oportunidad de incrementarlo, transporte hasta el lugar de trabajo, alojamiento, un bono de 2.000 dólares tras el primer año de trabajo, una semana de vacaciones pagadas y el costo del viaje para regresar a México.

La mayoría de ellos tienen sobre 20 años y se enteraron de la oferta de trabajo en tres universidades mexicanas distintas con escuela veterinaria, señaló Aguilasocho. El salario ofrecido era similar al que reciben los jóvenes veterinarios en México, explicó, y todos consideraron la oportunidad de trabajar en una granja estadounidense como una prometedora forma de ganar experiencia profesional.

En su primer día de trabajo, Muñoz-Lara dice que se sintió desolada al saber que pasaría 12 horas ordeñando vacas, moviendo ganado, limpiando establos y recolectando basura.

"Fue una decepción total porque tuvimos esperanza de sobresalir en nuestra área", señaló agregando que ella y los otros veterinarios esperan que hacer público el caso sirva como advertencia a otros profesionales mexicanos ante ofertas de trabajo en Estados Unidos.

Según la demanda, los veterinarios fueron alojados en un lugar sucio y repleto de gente y, al pasar a una vivienda mejor, comenzaron a cobrarles una renta.

Los veterinarios dijeron también que no tenían descansos para comer, que se vieron obligados a almorzar en puestos de trabajo poco higiénicos alrededor de las vacas y que no había suficientes equipos de protección ni sanitarios portátiles para todos los empleados.

Cuando uno de los afectados sufrió una lesión de espalda y otro la amputación de parte de un dedo en un accidente laboral, no se les proporcionó el tratamiento médico adecuado ni tiempo de baja, apuntó la denuncia.

Dejaron la granja al término de sus contratos a finales de 2015, según el documento. Muñoz-Lara explicó que no renunció al trabajo hasta recibir el bono de 2.000 dólares porque tenía deudas que pagar.

Varios de los afectados encontraron después trabajo como veterinarios en otras granjas estadounidense y uno regresó a México para ejercer en su estado natal, Jalisco, dijo Aguilasocho.

Pittard señaló que Funk Dairy lo refirió a un abogado en un estado diferente para asesorarse sobre la obtención de los visados de trabajo para los profesionales.

Declinó comentar las condiciones de trabajo en la granja porque no la visitó, pero señaló que el centro tiene reputación de cuidar a sus empleados y que la demanda fue una sorpresa.

"Creo que las granjas están tratando de encontrar nuevas vías para tener trabajadores legales", dijo. "Yo no hice nada malo, solo rellené los papeles. Ayudé a gente a venir con visado".

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El periodista de The Associated Press Alan Clendenning en Phoenix contribuyó a este despacho.