Bolivia investiga a LaMia tras accidente en Colombia
Gobierno boliviano investigará las relaciones comerciales de la aerolínea LaMia con equipos de fútbol
Las autoridades bolivianas auditarán a la aerolínea LaMia e investigarán las relaciones comerciales entre la firma y los equipos de fútbol tras el accidente que dejó 71 muertos en Colombia, informó el domingo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
"Nos llama la atención un aspecto, tenía contractos directos con las selecciones de fútbol... nosotros estamos verificando e investigando y más adelante verificaremos las relaciones comerciales entre LaMia y los equipos de fútbol", informó Claros a los periodistas,
"¿Será porque ofrecía más barato el servicio? No sabemos. Las relaciones comerciales nos llaman la atención, pero investigaremos más adelante", agregó el ministro. Mientras tanto el gobierno se querella contra los representantes de la aerolínea por "indicios de posibles incumplimientos de deberes, incumplimiento de control interno, posiblemente uso indebido de influencias y omisión de denuncia".
LaMia, una empresa de exmilitares de la Fuerza Aérea de Bolivia para vuelos chárter contaba con un solo avión con certificación para volar y otros dos con placas venezolanas que no estaban certificados. Por ello, el gobierno boliviano hará una auditoria.
El negocio de esta aerolínea eran los vuelos alquilados para transportar equipos de fútbol. El avión que el lunes se precipitó a tierra cerca de Medellín llevaba al equipo y cuerpo técnico del modesto club brasileño Chapecoense, que viajaba a disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana.
El presidente Evo Morales viajó en el avión el 15 de noviembre. El director general de la empresa, Gustavo Vargas, fue su piloto al inicio de su gobierno entre 2006 y 2007.
Gustavo Vargas Villegas, hijo del ejecutivo de LaMia, fungía como encargado de otorgar las matrículas a las compañías aéreas en la Dirección General de Aeronáutica Civil.
"El presidente no tiene ningún vínculo con la empresa", dijo Claros.
El gobierno boliviano se dio un plazo de 10 días para investigar todas las hipótesis y anunció sanciones drásticas.
