CIDH pide a Argentina responder ONU sobre activista detenida

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Argentina a responder cuanto antes a la ONU sobre la detención de la activista social Milagro Sala.

El "Caso Sala" se ha convertido en el primer escollo internacional que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri en un año de gestión. Por el momento no se ha pronunciado sobre el comunicado de la CIDH.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria calificó en octubre la detención preventiva de Sala como arbitraria y pidió su liberación inmediata.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro formuló la misma petición esta semana.

"La CIDH expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo", dijo en un comunicado el organismo adscrito a la OEA.

La cancillería argentina dijo la semana pasada haber enviado un informe detallado sobre el caso a la CIDH y agregó que la Fiscalía General de Jujuy ha instruido a los fiscales que soliciten a los jueces correspondientes un análisis crítico para ratificar o revisar las órdenes de prisión preventiva dictadas contra Sala. También se cursó una invitación a la CIDH para visitar Jujuy y comprobar "in situ" la situación de Sala.

La activista, líder del movimiento social Tupac Amaru, fue arrestada el pasado 16 de enero por incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en su natal provincia de Jujuy, a 1.654 kilómetros al norte de Buenos Aires. Sala sumó luego nuevos cargos en su contra a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación.

Sala, elegida como diputada del Parlasur a fines de 2015, simpatizaba abiertamente con el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). ste le giró millones de pesos para su tarea social, pero su uso discrecional ha sido denunciado por las autoridades locales.

El fiscal anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, quien es querellante en las causas contra Sala, dijo que el comité especial de ONU "desconoce y omite considerar las afirmaciones del juez que dictó la prisión preventiva, y la prueba considerada por el juez para dictarla".

"Si ella está en libertad, los testigos no van a hablar", apuntó el fiscal en diálogo con un grupo de corresponsales extranjeros antes de conocerse el comunicado de la CIDH. "Sala en tanto tiene un alto nivel de influencia sobre los cooperativistas y son muchos...por tanto en libertad podría afectar la voluntad de los testigos. Hay un montón de testimonios relacionados a estas coacciones".

Sala, de 53 años, está imputada por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y coacciones a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La provincia de Jujuy, entre 2004 y 2014, recibió 3.400 millones de pesos (212 millones de dólares) para la construcción de viviendas, de los cuales "la mitad de esa plata fue para la Tupac", según el titular de la Oficina Anticorrupción provincial. Una auditoria de este organismo detectó que al menos 1.700 viviendas de las presupuestadas no existen y otras 500 están en distinto estado de avance, lo cual implicaría un fraude de 700 millones de pesos (43 millones de dólares).

"Hay muchísimas pruebas que tienen que ver con testigos contando como era el mecanismo defraudatorio, hay pruebas de extractos bancarios, videos, pruebas periciales", insistió Millón Quintana.

El comité de ONU no cuestiona los cargos contra Sala, pero sí la prisión preventiva en su contra, que considera debe aplicarse en casos muy excepcionales y debidamente justificados, de acuerdo a la normativa internacional.

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La periodista Débora Rey contribuyó a esta información desde Buenos Aires