EEUU: El tren de la marihuana legal aún puede descarrilar

La marihuana está ganando en las encuestas, donde una amplia mayoría de los estadounidenses dice que debería ser legal. ¿Significa esto que el gobierno federal permitirá a decenas de estados que sigan realizando sus experimentos? De ninguna manera.

El gobierno tiene muchos medios para frenar o detener el tren de la marihuana. El presidente electo Donald Trump ha postulado al senador Jeff Sessions como secretario de Justicia, lo cual ha despertado temores de que el nuevo gobierno reprima a los estados que toleran la yerba 20 años después que California fue el primero que legalizó la marihuana con fines medicinales.

"Necesitamos que los adultos a cargo en Washington digan que la marihuana no es algo que se deba legalizar. No se debe minimizar que es un peligro muy grave", dijo Sessions durante una audiencia del Senado en abril.

La Ley de Sustancias Controladas prohíbe el consumo de marihuana incluso con fines medicinales.

El gobierno federal habitualmente no invoca su autoridad para demandar a los estados, pero es el camino más rápido para someterlos a su voluntad. El Departamento de Justicia podría iniciar demandas con el argumento de que las leyes estatales que regulan la marihuana son inconstitucionales porque están sujetas a la ley federal.

Algo así sucedió en 2010 cuando Justicia demandó con éxito a Arizona para bloquear una ley de inmigración que entraba en conflicto con la norma federal.

A la inversa, las cortes federales también pueden obligar a un estado a tomar medidas, como sucedió en Kentucky el año pasado cuando se obligó a una empleada local de registro civil a emitir licencias matrimoniales a parejas formadas por personas del mismo sexo luego de un fallo de la Corte Suprema.

Veintiocho estados y la capital permiten el consumo de marihuana con fines medicinales o recreativos. El gobierno aún no ha demandado a ninguno de ellos.

El gobierno podría evitar las cortes y recurrir a una alternativa más costosa: los allanamientos policiales.

La agencia antidrogas DEA tiene la capacidad legal de reprimir a cualquiera que venda o cultive la yerba, pero no ha habido un intento coordinado del gobierno federal de clausurar a los productores en varios estados. La agencia ha dicho reiteradamente que no tiene recursos para perseguir individualmente a los consumidores.

Cualquier cambio en ese sentido requeriría que el Congreso asigne fondos, justamente cuando muchos votaron a favor de la legalización. Y una agencia federal probablemente no gastará sus recursos limitados en perseguir a la gente que cultiva yerba para consumo personal, dijo John McKay, un ex fiscal federal en el estado de Washington.

"¿Quién va a detener a la gente por fumar marihuana en una residencia en Denver? ¿Los agentes federales?", se preguntó McKay. "¿Van a desistir de las investigaciones de terrorismo y empezar a arrestar gente por yerba? Me parece una locura".

Con todo, una ola de allanamientos podría alterar el panorama y detener las inversiones en la incipiente industria.