Abogados de Pence defienden su derecho a retener documentos
Los abogados del gobernador de Indiana y vicepresidente electo Mike Pence defienden retención de documentos públicos
Los abogados del gobernador de Indiana y vicepresidente electo Mike Pence argumentaron el lunes en un tribunal que el poder judicial del estado no tiene autoridad para obligarle a cumplir con la ley de documentos públicos de Indiana.
La causa civil ante la Corte de Apelaciones de Indiana fue entablada por el abogado William Groth, que demandó al gobierno en el 2015 luego que éste denegó su pedido de documentos no censurados, incluyendo un archivo relacionado con las gestiones de los republicanos para bloquear una orden ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración.
Desde hace mucho tiempo, Pence se ha presentado como un defensor de la libertad de prensa y de expresión. Esto contrasta con el presidente electo Donald Trump, quien hizo de sus ataques a la prensa un distintivo de su campaña y se rehusó a divulgar su declaración de impuestos tal como lo han hechos otros candidatos.
En marzo, Pence vetó un proyecto de ley que hubiera exentado a universidades privadas de divulgar algunos archivos policiales, con el argumento de que eran "un perjuicio para el público y una barrera innecesaria para la transparencia". Y en la campaña presidencial, criticó agresivamente a la candidata demócrata Hillary Clinton por negarse a dar a conocer los correos electrónicos que envió desde un servidor privado que tuvo cuando era secretaria de Estado.
Pero en Indiana, el gobierno de Pence se ha pronunciado en varios casos contra la publicación de correos electrónicos y otros documentos que pudieran arrojar luz sobre su periodo como gobernador. En algunos casos, el gobierno retuvo documentos, demoró respuestas o llanamente negó peticiones de documentos públicos presentadas por The Associated Press y otras organizaciones de prensa.
El lunes, el abogado de Pence, Joseph Chapelle, dijo a jueces que la separación de poderes establecida conforme la constitución estatal debería de evitar que el sistema de tribunales obligue a Pence y su personal más cercano a cumplir con la ley de documentos públicos si es que son demandados.
"Las indagaciones de los documentos personales del gobernador interferirían con los asuntos, con la oficina del gobernador", dijo Chapelle. "l es diferente a otras agencias estatales".
El tribunal de apelaciones aceptó el caso luego que una corte menor falló que Pence no tenía que entregar recibos electrónicos, recibos de pago y un documento preparado por el jefe de gabinete para el ahora gobernador de Texas, Greg Abbott. Los documentos, que quiere Groth, son un borrador de los argumentos legales para el cuestionamiento exitoso de los republicanos a las órdenes ejecutivas de Obama sobre inmigración.