Supremo británico: Brexit requiere aprobación parlamentaria

El Alto Tribunal británico frenó en seco el jueves los planes del Reino Unido para abandonar la Unión Europea, al fallar que el gobierno no puede iniciar el Brexit sin la aprobación del Parlamento.

El gobierno de la primera ministra Theresa May dijo que apelará ante la Corte Suprema, ya que el fallo, de ser ratificado, podría impedirle iniciar las negociaciones de salida el 31 de marzo como había previsto.

La libra, que ha perdido casi el 20% de su valor desde la decisión del 23 de junio de abandonar el bloque, aumentó 1,1% a 1,2430 frente al dólar al conocerse el veredicto.

En el referendo del 23 de junio el llamado Brexit se impuso por el 52% contra el 48% de los votos. May ha dicho que a fines de marzo invocará el Artículo 50 del tratado de la UE, que inicia dos años de negociaciones para la salida.

Varios demandantes, entre ellos un peluquero y una financista, cuestionaron el derecho de May de iniciar el Brexit, en un caso con grandes implicancias constitucionales referidas al equilibrio de poder entre el Parlamento y el gobierno. Sostuvieron que la salida de la UE eliminará derechos como el de la libertad de desplazamiento dentro del bloque, lo cual requiere la aprobación del Parlamento.

Tres jueces de apelaciones coincidieron al fallar que "el gobierno no tiene el poder bajo la prerrogativa de la Corona para notificar que de acuerdo con el Artículo 50 el Reino Unido se retirará de la Unión Europea".

Los jueces respaldaron el argumento de los demandantes de que "la Corona no puede cambiar la ley interior y anular derechos bajo la ley a menos que el Parlamento le hubiese conferido a la Corona la autoridad para hacerlo".

El gobierno respondió inmediatamente que apelará el fallo. Dijo en un comunicado que los británicos votaron por la salida en un referendo aprobado por ley del Parlamento, "y el gobierno está resuelto a respetar el resultado del referendo.

La Corte Suprema dijo que entenderá en la apelación antes de fin de año, en un caso constitucional considerado el más importante en muchos años.

May quiere utilizar la prerrogativa real, poderes que oficialmente corresponden al monarca, para invocar el Artículo 50. Esos poderes, que en realidad han pasado a los políticos, permiten tomar decisiones tan graves como declarar la guerra o tan básicas como emitir pasaportes sin la votación del Parlamento.

Históricamente también se ha aplicado a los asuntos exteriores y la negociación de tratados internacionales.

El procurador Jeremy Wright, quien encabeza el equipo legal del gobierno, sostuvo que la demanda intentaba obstaculizar la ejecución del resultado del referendo.

Pero la financista Gina Miller, quien encabeza la demanda con otros, dijo que no se trata de detener el Brexit sino de asegurar la soberanía del Parlamento.

Dijo que el fallo de la corte "nos afecta a todos... a nuestro Reino Unido y el futuro de todos nosotros".

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Se ha reformulado esta historia para corregir que el tribunal que frenó el Brexit no es el Supremo sino el Alto Tribunal.