Condenan el asesinato de dos activistas en Honduras

El asesinato de dos activistas agrarios en Honduras generó críticas internacionales.

José Ángel Flores, líder del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y Silmer Dionisio George, miembro de esa agrupación, fueron baleados el martes en el noreste de Honduras tras salir de una reunión en el poblado de Tocoa.

En los últimos años, el MUCA tomó miles de hectáreas de tierras, gran parte de ellas plantaciones privadas de palma aceitera africana que previamente habían sido cooperativas cultivadas por los mismos campesinos.

James Nealon, embajador estadounidense en Honduras, condenó los homicidios el miércoles en un comunicado. Dijo que ofreció al gobierno hondureño recursos de Estados Unidos para ayudar a encontrar a los responsables.

"Estados Unidos de América exige una pronta y profunda investigación y todo el peso de la ley contra quienes sean hallados responsables", se afirma en el comunicado.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras dijo el miércoles en un comunicado que tanto Flores como George habían sido designados para recibir protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2014. Flores había reportado un intento de asesinato en su contra en abril de 2015, se añade en el texto.

Un vocero del Ministerio del Interior de Honduras dijo que se estaba preparando un comunicado oficial, pero para el miércoles en la noche el gobierno aún no había comentado nada.

Los asesinatos ocurrieron tras el homicidio en marzo de la ambientalista Berta Cáceres, que había recibido el premio Ambiental Goldman por su trabajo para preservar la tierra.

Después de que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe militar en 2009, los campesinos se apoderaron de aproximadamente 11.000 hectáreas (27.000 acres) de tierra de cultivo. Decenas de personas han muerto luchando por la ocupación de los terrenos.

En mayo de 2010, el gobierno y el MUCA acordaron reducir la violencia en el Valle del Bajo Aguán. Pero de las 11.000 hectáreas que el gobierno prometió devolverles a los campesinos, sólo han sido entregadas 4.050 hectáreas (10.000 acres), indica el comunicado de la ONU.

Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que Honduras se ha convertido en un "lugar sin ley" para los activistas por los derechos a la tierra.

"Las autoridades en Honduras deben actuar de inmediato para proteger de manera efectiva a quienes trabajan para promover y defender los derechos humanos básicos de todos en el país", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.