Maryland: Acusan de contrabando a guardias y reclusos

La información proporcionada por un guardia penitenciario generó el mayor caso federal en la historia de Maryland: 80 personas entre ellas agentes correccionales, reclusos y "facilitadores externos" han sido acusadas de orquestar una vasta red de contrabando que proveyó tabaco, drogas y celulares a prisioneros a cambio de dinero y sexo.

Un par de imputaciones federales dadas a conocer el miércoles afirman que la conspiración de contrabando en el penal Eastern Correctional Institution en Westover la mayor prisión estatal de Maryland duró años e involucró a 18 guardias, 35 reclusos y 27 civiles que ayudaron a coordinar el flujo de drogas y otro contrabando.

Los guardias traficaron heroína, cocaína, éxtasis y Suboxone, entre otras drogas, a la prisión a cambio de dinero, giros postales y, en algunos casos, relaciones sexuales con reclusos, de acuerdo con las imputaciones.

Los documentos agregan que los guardias implicados burlaron los chequeos de seguridad y entregaron el contrabando a los reclusos en sus celdas o en sitios predeterminados como salas de lavandería y baños. Las imputaciones aseguran que el esquema ocurrió tanto en el complejo Este como en el Oeste de la prisión.

"La corrupción carcelaria es un problema de muchos años, profundamente arraigado y sistemático que sólo puede resolverse con una combinación de juicios penales y cambios de políticas", dijo el fiscal federal Rod J. Rosenstein en un comunicado en que anuncia el operativo.

Añadió que aquellos que participaron en la red de contrabando estaban en una operación sumamente lucrativa. Según la imputación, una sola lámina de Suboxone, un opioide parcial usado entre otras cosas para tratar la drogadicción y que se vende en la calle por tres dólares, pudiera venderse por hasta 50 dólares en prisión. Una lata de tabaco de 20 dólares puede venderse por hasta 250 dólares.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública y Correccionales, Stephen Moyer, dijo haber asignado a ocho investigadores para trabajar con el FBI y otras agencias federales en el caso, que dependió en gran parte de grabaciones secretas.

Moyer subrayó que las imputaciones "envían un fuerte mensaje de que no vamos a tolerar más la corrupción cometida por unos pocos que mancillan el buen trabajo de nuestros 10.500 empleados dedicados y comprometidos del departamento".

De acuerdo con las imputaciones, los agentes correccionales acusados rutinariamente avisaban a los reclusos cuando las autoridades del penal planeaban realizar requisas en busca de celulares.

En algunos casos, se señala en los documentos, cuando los guardias participantes se enteraban de que algunos reclusos estaban proveyendo información a las autoridades penitenciarias, alertaban a otros reclusos para que tomaran represalias. En dos ocasiones en julio los guardias alentaron a los reclusos a acuchillar a informantes, dijo Rosenstein.