Voces pro opiáceos pesan en EEUU pese al auge de adicciones

Durante más de una década, miembros de un grupo poco conocido llamado el Pain Care Forum ha inundado la ciudad de Washington con mensajes sobre el papel esencial de los analgésicos con receta en las vidas de millones de estadounidenses, reforzando un mensaje y descarrillando discretamente los esfuerzos por limitar el consumo de fármacos como OxyContin, Vicodin y Percocet en Estados Unidos.

En 2012, las farmacéuticas y sus afiliados en el foro enviaron una carta a senadores estadounidenses promocionando un reciente reporte sobre una "crisis de proporciones epidémicas": el dolor en Estados Unidos. Pocos sabían que el reporte derivaba de legislación elaborada e impulsada por miembros del foro y que sus expertos habían ayudado a escribirlo. El informe estimaba que más de 100 millones de estadounidenses en torno al 40% de los adultos sufre dolor crónico, una llamativa estadística que algunos investigadores consideran muy problemática.

La carta, sin embargo, no hacía referencia a otro problema sanitario que ha sido declarado como epidemia por las autoridades federales: las sobredosis vinculadas a los analgésicos con receta. Las muertes relacionadas con fármacos opiáceos adictivos se han multiplicado más que por cuatro desde 1999, con más muertes en 2012 que la heroína y la cocaína juntas.

Una investigación de The Associated Press y el Center for Public Integrity reveló que se han producido círculos similares de información e influencia en la capital del país de forma habitual, alimentados por el dinero y los argumentos del Pain Care Forum, una coalición de farmacéuticas, grupos del sector y decenas de organizaciones sin fines de lucro financiadas por la industria, que habían pasado desapercibidas hasta ahora.

Cientos de documentos internos arrojaron nueva luz sobre cómo las farmacéuticas y sus aliados dieron forma a la respuesta nacional sobre la oleada de abuso de opiáceos con receta, que se ha cobrado las vidas de 165.000 estadounidenses desde 2000, según cifras federales.

Los analgésicos están entre los medicamentos más recetados en el país, pero las farmacéuticas y sus grupos aliados tienen muchos intereses legislativos más allá de esos fármacos. Desde 2006 a 2015, los participantes en el Pain Care Forum gastaron unos 740 millones de dólares para hacer presión en Washington y las 50 cámaras de representantes estatales sobre una amplia variedad de temas, incluido el mantener el acceso a los opiáceos, según un análisis de documentos legales sobre cabildeo.

Las mismas organizaciones reforzaron su influencia con más de 140 millones de dólares aportados a campañas políticas, incluidos 75 millones de dólares sólo para partidos, comités de acción política y candidatos federales.

"Uno puede hacer mucho, mucho para conseguir lo que quiere cuando tiene mucho dinero", comentó el profesor Keith Humphreys, de la Universidad de Stanford, ex asesor de política de drogas durante la presidencia de Barack Obama. "Y sólo cuando las cosas son así de desastrosas hay suficiente voluntad popular para resistir".

Durante mucho tiempo, los opiáceos se reservaron para dolores fuertes debidos a la cirugía, lesiones o enfermedades terminales como el cáncer. Eso cambió en la década de 1990 con un aumento de las prescripciones para problemas más comunes como el dolor de espalda y la artritis. El mercadeo para nuevos analgésicos de largo efecto como el OxyContin ayudó a alimentar la tendencia, entre otros factores.

El fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, se declaró culpable y aceptó pagar más de 600 millones de dólares en multas en 2007 por desinformar al público sobre los riesgos de su fármaco, pero el analgésico siguió siendo un producto superventas que generó más de 22.000 millones de dólares en ingresos en la última década.

El cabildero de Purdue en Washington, Burt Rosen, cofundó el Pain Care Forum hace más de una década y coordina las reuniones mensuales del grupo en Washington. Purdue declinó facilitar una entrevista con Rosen y no respondió a preguntas sobre sus actividades concretas de cabildeo.

La empresa dijo que apoya a varios grupos activistas, incluidos algunos con opiniones discrepantes sobre los opiáceos.

"En la práctica y en gobernanza, el Pain Care Forum es como cualquiera de los cientos de coaliciones sobre política en Washington y en todo el país", dijo la empresa en un comunicado. "Purdue cumple con todas las leyes aplicables de información y requisitos de cabildeo".

Para la primavera de 2014, incluso la responsable de la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) citaba la estadística sobre los 100 millones de estadounidenses con dolor crónico.

La entonces comisionada Margaret Hamburg utilizó la cifra para ilustrar la importancia de mantener el acceso a analgésicos, pese a la escalada de adicciones y abuso de estas sustancias. Sin embargo, un investigador cuyo trabajo contribuyó a alcanzar esa cifra dijo que se le había citado de forma errónea, dado que la mayoría de las personas contenidas en ese número sufrían dolores comunes y los gestionaban sin opiáceos.

En una respuesta enviada por correo electrónico, Hamburg dijo que el reporte era "otra pieza de literatura científica que ayudó a informar al público general", y que su agencia no había participado en su redacción.

Cuando la FDA empezó a desarrollar planes para reducir el mal uso de los opiáceos de efecto prolongado, el Pain Care Forum intervino con una "estrategia para informar al proceso", según un comunicado interno de la American Pain Foundation, un grupo ahora extinguido del grupo de presión.

Las propuestas iniciales de la FDA incluían exigir a los médicos que pasaran un curso de certificación para prescribir opiáceos y rastrear las recetas de estos fármacos con bases de datos, pero cuando la FDA buscó comentarios del público sobre cómo proceder, el foro ayudó a generar más de 2.000 comentarios contra las nuevas barreras a los opiáceos y reunió 4.000 firmas en una petición en contra de los registros electrónicos, según otro comunicado interno de la fundación.

En definitiva, la agencia anunció medidas mucho más moderadas que sus ideas iniciales: las farmacéuticas financiarían clases opcionales para los médicos y proporcionarían folletos a los pacientes sobre los riesgos de los opiáceos. Los responsables de la FDA dijeron que habían decidido que exigir la certificación a los médicos habría sido una carga, afectando a pacientes y médicos.

Pero los expertos informaron que la agencia reguladora había perdido una oportunidad crucial para frenar el consumo mortal y el abuso de los medicamentos.

"La FDA no tomó una decisión que habría evitado muchas de las miles de muertes que vemos al año", dijo el doctor Nathaniel Katz, un ex asesor de la agencia que instó al organismo a hacer obligatoria la formación para médicos.

La FDA está reconsiderando ahora exigir formación a los médicos que recetan opiáceos, luego de una recomendación en mayo de un comité de expertos.

Fue una agencia federal situada a cientos de millas de Washington, la que finalmente eludió la influencia del Pain Care Forum.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que tienen su sede en Atlanta, se sobrepusieron este año las amenazas de una investigación del Congreso y de medidas legales para publicar las primeras recomendaciones federales dirigidas a reducir la prescripción de opiáceos.

Básicamente, la agencia dijo que los riesgos de los analgésicos superan a los beneficios que plantean para la inmensa mayoría de pacientes con dolor crónico de rutina, y que los médicos deben considerar en cambio alternativas como terapia física.

Cuando las recomendaciones preliminares se presentaron en septiembre, los miembros del foro dijeron que no se basaban en pruebas firmes y criticaron a los CDC por no revelar qué expertos externos habían asesorado el trabajo. Un grupo alineado con la industria farmacéutica, la Washington Legal Foundation, dijo que la falta de información suponía una "clara violación" de la legislación federal. Un veterano miembro del Pain Care Forum ahora conocido como Academy of Integrative Pain Management pidió al Congreso que investigara cómo habían desarrollado sus recomendaciones los CDC, aunque los investigadores no encontraron ninguna infracción.

Tras meses de escrutinio, los CDC presentaron una lista de asesores. Uno de los 17 "expertos clave" había trabajado como consultor pagado para una firma de abogados en una demanda contra fabricantes de opiáceos.

Las recomendaciones finales se presentaron en marzo. La primera indicación a los médicos estadounidenses era inequívoca: "Los opiáceos no son terapia de primera línea" para el dolor crónico de rutina. Era una afirmación que se consideraba práctica habitual para muchos médicos a principios de la década de 1990, una década antes de que se formara el Pain Care Forum en Washington.

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Los periodistas Geoff Mulvihill de The Associated Press y Liz Essley Whyte del Center for Public Integrity contribuyeron a este despacho.

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