Ecuador pide plan de pagos para indemnizar a petrolera
QUITO (AP) — Ecuador ha pedido un plan de pagos a la empresa petrolífera francesa Perenco para pagar una indemnización de unos 400 millones de dólares dispuesta por tribunales internacionales para compensar el incumplimiento de contrato por parte de este país hace más de una década.
El procurador Iñigo Salvador afirmó en rueda de prensa que “hemos tomado contacto con los abogados de la compañía Perenco a efectos de proponer un plan de pagos, estamos esperando la respuesta definitiva de Perenco, confiamos que la compañía francesa tenga en cuenta la difícil situación que pasa el Estado ecuatoriano en cuanto a sus finanzas agravada profundamente por la pandemia”.
Manifestó que “sería terrible que en estos momentos en que el ejecutivo enfoca todos sus esfuerzos en las reactivación económica y como primer paso la inmunización de todos los ecuatorianos, esos 400 millones tengan que ser dedicados a otros temas”. Añadió que exigirá el denominado derecho a la repetición, lo que implica que el Estado por vía judicial pedirá a los funcionarios gubernamentales que adoptaron las decisiones que condujeron a la actual situación que restituyan los fondos que se pagarán por indemnización.
El gobierno ecuatoriano fue notificado de este fallo, que le obliga a pagar en 60 días 374,37 millones de dólares más intereses, luego de que en 2006 el gobierno del entonces presidente Alfredo Palacio emitió una ley que aumentó al 50% la participación del Estado en las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras cuando el precio internacional del crudo iba al alza. Un año más tarde, el mandatario Rafael Correa (2007-2017) subió al 99% la participación del Estado en las ganancias de esas empresas.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso anticipó la víspera que “respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso”, al tiempo de asegurar que se “mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución”.
La sentencia fue emitida el 28 de mayo por un comité establecido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).